Sorteo del IPV en Cafayate: “Quienes no cumplen con los requisitos no participan”

Un grupo de vecinos de Cafayate presentó una denuncia penal contra el titular del IPV, Sergio Zorpudes, y los concejales Gabriel Corregidor y Daniel Guantay por estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Los denunciantes aseguran que en los padrones de los participantes del sorteo que se realizará el 24 y 25 de junio en el loteo social Urbanización Finca El Socorro II, figuran "esposas de funcionarios municipales, cuando las mismas se encuentran casadas y con ingresos superiores a los estipulados como límite para participar en el sorteo".

InformateSalta dialogó con Sergio Zorpudes, quien explicó que se dieron de baja a todos los postulantes que no cumplían con los requisitos. “Cuando el IPV toma las funciones de Tierra y hábitat, recibimos los padrones de Cafayate donde figuraban 1021 familia, pero no todas cumplían con los requisitos correspondientes por lo que se realizó un reempadronamiento”.

El titular del organismo señaló que  más de 400 familias fueron dadas de baja por diferentes motivos, algunos porque no residían en Cafayate, otros tenían propiedades, otros porque no declaraban correctamente el grupo familiar u omitían alguna información, también se falsificaron datos.

“Posteriormente nos comunicamos con el intendente para exponer en la puerta de la intendencia el listado con todas las familias que habían quedado para que participaran en el sorteo. Una vez que expusimos el listado, recibimos una nota firmada por 14 familias, de las cuales solo 4 son postulantes. En esa nota nos pedían que suspendamos el sorteo pero no hablaban de personas concretas sino que hablaban de “esposas de funcionarios” que figuraban en el padrón como soltero pero en realidad son casadas, pero no detallaban nombres ni documentos”, dijo.

A raíz de esa  denuncia, se realizaron nuevas investigaciones. “Se dieron de baja a 11 familias más por omisión de datos, entre ellas a concubinas de dos concejales que figuran en la denuncia penal que presentaron posteriormente los vecinos. No tiene nada de malo que un funcionario participe del sorteo, el problema es que omitieron datos para que los ingresos no superen el máximo permitido por el IPV”, indicó.

Zorpudes  destacó que se seguirán realizando investigaciones "porque queremos que sea lo más transparente posible. Además, una vez que se haga el sorteo, los beneficiarios van a figurar en un listado en la Municipalidad, en un período de impugnación y se podrá denunciar si algunos de éstos no cumple con la normativa”.