La próxima semana se trataría la intervención a Aguaray en Diputados
En la sesión del próximo 2 de junio se debatiría el proyecto de ley que solicita la intervención del municipio, cuyo intendente Jorge Prado se encuentra acusado del robo millonario de caños del gasoducto NEA. El dirigente había participado en las últimas elecciones de la mano del senador nacional Sergio Leavy.
El diputado Ramón “Rana” Villa (Rivadavia-FpV) es quien propicia intervenir esa comuna situada en el departamento San Martín, tras el escándalo que alcanzó ribetes nacionales por la apropiación de 35 km de caños del gasoducto Noa-Nea, publicó Nuevo Diario.
La Justicia federal investiga al intendente de Aguaray Jorge Prado, e inclusive ya fue imputado por el robo de este material, junto a un empresario.
Prado está involucrado atento a que emitió la Resolución Municipal 1215-019 en la que se resolvía otorgar a la empresa OSYP SA los 35 km de caños que pertenecían al Estado Nacional y a la Provincia.
Días recientes, efectivos de Gendarmería Nacional concretaron un allanamiento en la Municipalidad de Aguaray. Según trascendió, habría desaparecido una computadora.
El accionar de la Justicia no se detendría, ya que se busca los caños en distintas empresas y firmas; según trascendió, en Salta, estos valiosos caños estarían en fincas del sur de la provincia, involucrando al ex diputado nacional Alfredo Hugo Olmedo y al senador nacional Sergio Leavy.
Necesidad de dos tercios
Aprobar el proyecto de ley para intervenir el municipio de Aguaray requiere los dos tercios del cuerpo legislativo, lo mínimo que debe alcanzar son 45 votos.
El diputado Villa sostiene que habría consenso para su sanción. “Creo que el pronunciamiento debe ser unánime porque estas situaciones le hacen daño a la política y al sistema democrático. No debemos permitir que haya más actos de corrupción y que personas que fueron elegidas por el voto popular se conviertan en delincuentes en contra del Estado”.
De lograr sancionar la intervención del municipio norteño, una vez que ocurra lo propio en el Senado, luego será el Poder Ejecutivo quien deberá promulgar la ley y designar el comisionado interventor.