Los motivos para prohibir el acercamiento de la familia Peñalva a jueces y fiscales
En la jornada de ayer se conoció que la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, ordenó a Marisa Peñalva y Gustavo Peñalva la prohibición de acercamiento a Ciudad Judicial y a las viviendas particulares de un grupo de jueces y funcionarios judiciales que llevan adelante la causa de su hija, Luján Peñalva.
Al respecto, Gustavo Peñalva, padre de la joven, en diálogo con InformateSalta, se mostró sorprendido por la medida y aseguró que no existió nunca violencia física ni psicológica. Sin embargo, la resolución de la jueza Zunino da cuenta de los argumentos para anteponer la medida cautelar vigente.
En ella, se consigna el cese y la prohibición de ejercer actos de violencia físicos y psíquicos, por cualquier medio en perjuicio de Martín Pérez, Pablo Farah, Pablo Arancibia, Luján Sodero Calvet, Ramiro Ramos Osorio, Pablo Rivero, Mónica Mukdsi y el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo.
“El pedido encuentra su fundamentación en las investigaciones efectuadas por la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal donde, teniendo en cuenta fotos y videos, se observa una situación donde personas que se encontraban manifestándose increpan e insultan al Sr. Juez Martín Pérez en ocasión que este ingresaba al edificio de Ciudad Judicial en horario laboral, injuriando y calumniando al mismo y acusándolo de prevaricato”, reza el documento, adjuntando las pruebas de la situación vivida por el magistrado.
“Dicha situación se viene reiterando: jueces y funcionarios se ven comprometidos en poder circular o ejercer libremente sus funciones porque son constantemente hostigados y atacados”
La medida fue requerida por el Fiscal Penal 1 Juan Ezequiel Molinatti en base a investigaciones realizadas por la unidad Especial de Investigación del Ministerio Público Fiscal por hechos ocurridos en febrero y marzo último en el ingreso al edificio de Ciudad Judicial.
Según el documento firmado por la jueza Zunino se trata de medidas necesarias para dar una solución al conflicto, “procurando poner fin a las situaciones de vulneración de derechos ya denunciadas y evitar la repetición de hechos de violencia cualquiera sea su naturaleza”.