No hubo sorpresas. El ex presidente Mauricio Macri quedó procesado por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La resolución fue firmada en la tarde del miércoles por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, que encontró responsable al ex jefe de Estado de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Ademas, el juez lo embargó por la suma de 100 millones de pesos.

El juez además le volvió a prohibir la salida del país. Esa medida ya había sido dictada por Bava cuando lo llamó a indagatoria y fue revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata la semana pasada. Ahora, el fallo del procesamiento volvió a disponerla en vigencia.

“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez en la resolución de 171 páginas a la que accedió Infobae.

La defensa de Macri apelará esta decisión. El propio Macri le había dicho al juez en su indagatoria que no iba a contestar preguntas porque consideraba que el “estaba apurado por procesarlo” para cumplir con los tiempos electorales. Aunque creía que el fallo saldría para las elecciones legislativa, la resolución se conoció dos semanas después de esos comicios y después de que, en Comodoro Py, la vicepresidenta Cristina Kirchner quedara sobreseída en la causa Los Sauces-Hotesur. A diferencia de otros políticos de la oposición, Macri no se pronunció sobre el cierre de la causa a CFK.

A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos. La causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.