El Gobierno se prepara para dar vuelta la página de la negociación de la deuda con el FMI y buscará concentrar su política en lo que reconoce como el problema principal que sufre la economía argentina. La “guerra” contra la inflación que dará comienzo este viernes, anticipada por el presidente Alberto Fernández, incluirá un arsenal de medidas ya conocidas que el Poder Ejecutivo puso sobre la mesa con el intento de dar un gesto político ante un índice inflacionario en febrero que fue más alto de lo esperado y que preanuncia números incluso peores para los próximos meses: todavía falta el impacto directo de la guerra en Ucrania en los valores internacionales, la última suba de combustibles y, más adelante, el reajuste de tarifas.

La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado dará paso a que el equipo económico pase a la próxima etapa. El IPC de febrero, de 4,7% en términos generales y de 7,5% en alimentos -el número más alto en cinco años para este rubro- pusieron en alerta al Poder Ejecutivo. En las últimas horas distintos ministerios bosquejaron una suerte de paquete de medidas como parte del enfrentamiento metafóricamente bélico contra el ritmo de suba de precios. 
 
Estas medidas podrían ser anunciadas este viernes por Alberto Fernández en Tucumán. Las miradas estuvieron posadas centralmente en el Ministerio de Agricultura que comanda Julián Domínguez: la posibilidad de reajustar retenciones para harina y aceite de soja de 31 a 33% y el refuerzo de fideicomisos que subsidien precios de alimentos en las góndolas locales aparecen como las determinaciones centrales en la “renovada” estrategia de precios.

El espíritu de esas medidas es asegurar el abastecimiento de trigo en el mercado doméstico para evitar una disparada de precios aún mayor en productos derivados de ese cultivo, es decir cualquiera que esté fabricado con harina de trigo. En este caso el tiempo es de la esencia: en algunos despachos oficiales y analistas privados barruntan un impacto todavía más profundo de la crisis en el mercado de alimentos global por la guerra en Ucrania, que traería aparejado cifras más graves de inflación para los próximos meses.

En el medio habrá otras fuentes adicionales de tensión en el frente de batalla de los precios. El más inmediato será el efecto secundario que derramará hacia distintos sectores productivos por el reajuste en los valores de los combustibles, que subieron un 9,5 por ciento. Algunos empresarios de consumo masivo consultados por Infobae ya imaginaban que una nafta más cara implicará un esquema de costos más oneroso para la cadena.

El otro impacto esperado está impreso en el propio acuerdo con el FMI: la suba de tarifas por la reducción de subsidios consensuada con el organismo. El comienzo de la segmentación está previsto para mitad de año, audiencias mediante, que darán comienzo a un esquema nuevo de actualización de los precios de servicios públicos. Analistas privados y algunos cercanos al dispositivo de poder de la coalición oficialista creen que la inflación, con todos estos ingredientes, estarán bien por encima del rango de precios acordado, de entre 38 y 48 por ciento para este año.

Guerra contra la inflación: las medidas

El arsenal de medidas que puede llevar adelante el Gobierno para combatir la inflación es limitado. En este sentido van, por un lado, un eventual aumento de retenciones a la harina y aceite de soja -el Poder Ejecutivo descartó subas para granos como maíz o trigo- o la conformación de fideicomisos acordados con exportadores y supermercados para subsidiar precios locales de determinados productos.

Es un experimento que el Gobierno ya intentó con bienes como los aceites -que se extendió hasta enero de 2023- y más recientemente un esquema similar empujado por Feletti para los productos derivados del trigo. 

El arsenal de medidas que puede llevar adelante el Gobierno van desde un eventual aumento de retenciones a la harina y aceite de soja, la conformación de fideicomisos acordados con exportadores, un refuerzo de Precios Cuidados y, en un plano monetario, subir tasas de interés.

Otra opción es, además, algún refuerzo en los esquemas de control de precios. En los próximos días deberían comenzar las conversaciones entre empresarios y autoridades de Comercio Interior para desentrañar qué incremento tendrán los 1.300 productos incluidos en Precios Cuidados. Una hipótesis que analizaban los ejecutivos del sector de consumo masivo es que el Gobierno exija que el programa tenga más productos con mayores volúmenes en las góndolas.

También habrá, aunque es una idea preliminar, algún tipo de intento de coordinación de expectativas a futuro. El Gobierno hará la semana próxima una convocatoria a los empresarios y a los sindicatos para buscar acuerdos de precios, según les anticipó este miércoles el presidente Alberto Fernández a un grupo de gremialistas y ejecutivos en la Casa de Gobierno. Esa agenda es todavía abierta y no contiene una hoja de ruta concreta, afirmaron los asistentes al encuentro del miércoles por la tarde con el mandatario.