El fallo que confirmó el enjuiciamiento de Romero rechazó los planteos de la defensa

El juez de garantías 5, Héctor Martínez, desestimó los planteos de la defensas técnicas de los cuatro acusados por la causa de la autocesión de un hangar del Aeropuerto Salta. En la resolución que confirma el pedido de juicio para cuatro acusados, también ponderó la actuación del fiscal de Delitos Económico Complejos, Guillermo Akemeier.

Este fiscal llevó adelante la investigación penal que concluyó en abril pasado con un pedido de juicio al ex gobernador. Juan Carlos Romero, su hijo, Juan Esteban; el ex secretario general de la Gobernación, Raúl Romeo Medina y el ex Director de Aviación Civil, Ricardo Funes.

Akemeier imputó a Romero, su hijo y a los dos ex funcionarios por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación tras entender que la cesión de un hangar de Aviación Civil a la empresa Finca La Represa S.A., ejecutada días antes de abandonar su gestión, se trató en realidad de una maniobra delictiva cuyo único objetivo fue mantener para sí y su familia el privilegio del que gozaba cuando era gobernador, sin importarle perjudicar los bienes del Estado provincial.

La maniobraComo es conocido, Romero, a través de Medina y Funes, planeó la cesión del hangar y para ello utilizó una empresa presidida por su hijo, Juan Esteban, quien lejos de desconocer la maniobra se prestó a la misma a sabiendas de que en realidad la sociedad que dirigía era una accionista minoritaria de otra firma, cuyo dueño mayoritario era nada menos que su padre. O sea que todo quedaba en familia. En su investigación, el fiscal Akemeier dejó al descubierto estos nexos societarios y probó que la maniobra estaba planificada desde antes de la firma de la cesión, pues el mismo Funes se había encargado de facilitar el tendido eléctrico necesario para el hangar que luego pasó a manos de los Romero.

La defensaLejos de discutir las composiciones societarias y otras de las pruebas que se produjeron durante la investigación del caso, las defensas de Romero, su hijo, Medina y Funes se dedicaron solamente a cuestionar por qué el fiscal no imputó por el hecho al vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, Mashur Lapad, quien firmó el' decreto de cesión como gobernador interino. Este incluso fue uno de los puntos que discutieron en sus planteos de nulidad que interpusieron al requerimiento de juicio pedido por Akemeier.

Otro aspecto tuvo que ver con la aplicación de lo que se conoce como la ley más benigna, argumento establecido en el artículo 3 del Código Penal.

Se trata de un recurso por medio del cual el reo puede ser juzgado por la ley más benigna, planteo reclamado por el abogado. Carlos Saravia, defensor de Medina.

Por otra parte, todos los defensores se quejaron de las facultades del fiscal para llevar adelante la investigación penal, las que calificaron de ilegales, arbitrarias, tendenciosas y hasta dejaron entrever que se ajustaron a cuestiones políticas. Asimismo, reclamaron el hecho de que el fiscal haya advertido al juez de garantía de ese entonces, Guillermo Clark (i), la imposibilidad del mismo de llevar adelante actuaciones, instancia reservada por el código procesal vigente de manera exclusiva a la fiscalía.

Fuente: Nuevo Diario de Salta