Se trata de Carlos Guillermo Carrazano, edil de Campo Quijano, confeso autor del delito de abuso sexual en perjuicio de dos menores. Este martes, en un juicio abreviado, recibió una condena de 6 meses de prisión y lo mandaron a la casa.

Carrazano, concejal por “Salta nos une” en Campo Quijano, localidad que este sábado se prepara para un nuevo aniversario, fue condenado a una pena de 6 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple, cometido en perjuicio de dos niñas de 4 y 6 años, a quienes sometió a tocamientos en sus partes íntimas.

El edil, que también es docente, reconoció su responsabilidad penal por el delito imputado en una audiencia llevada adelante este martes en la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo de la jueza María Victoria Montoya, quien le hizo precio y aceptó homologar un acuerdo de juicio abreviado que el acusado logró con una fiscal, la que le sacó dos agravantes que habrían llevado la condena a una escala de 8 a 20 años de prisión.

La acusación penal en su contra, dirigida en primera instancia por el fiscal Rodrigo González Miralpeix, data del 22 de septiembre de 2019, cuando el padre de las dos víctimas lo denunció por el abuso de sus hijas, quienes le revelaron que Carrazano, con el pretexto de hacerle cosquillas, abusaba de ellas tocándoles sus partes íntimas.

Por el caso, se generó el expediente N°71353/21 del Juzgado de Garantías 1, el cual fue elevado a juicio en agosto del 2021 a pedido del fiscal González Miralpeix, quien pidió que el edil sea juzgado por el delito de abuso sexual simple, agravado por la convivencia y la guarda. 

Según supo InformateSalta, al mes siguiente, el caso fue remitido al tribunal de juicio, aunque no se fijó fecha de debate, pues el concejal comenzó a negociar con la fiscalía una salida con el menor costo posible, lo que finalmente logró, pues convenció a la fiscal de juicio que le quitara los agravantes, trabas que no sólo impedía acceder a una pena como la que finalmente recibió, sino también lo dejaban al borde de ir preso. De esta manera, el concejal consiguió una pena casi exigua, pues no sólo no quedó inhabilitado, sino también obtuvo una serie de restricción casi de forma, siendo el único inconveniente el pago de las costas del proceso penal que demandó más de dos años.

Grave situación

A todo esto, en el Concejo Deliberante, presidido por el concejal Ariel Gallardo, nadie parece haber sopesado la gravedad de la situación de su colega. En el video de la sesión del 5 de julio pasado, casualmente el día en que Carrazano fue condenado, los concejales son informados del motivo de la ausencia de su colega, sin que ninguno de ellos reaccionara respecto a lo delicado del asunto.

Al iniciar la sesión, Gallardo informa que Carrazano presentó una nota en la que informa que no podrá asistir porque tenía una audiencia judicial ya fijada en la Sala II del Tribunal de Juicio, tras lo cual pasaron inmediatamente a otro tema, sin que ninguno hiciera, aunque sea el amague por mostrar preocupación ante el cariz de la situación.

Tal vez exista temor, pues Carrazano resultó el candidato más votado y se impuso a sus rivales del partido Fe, Juntos por el Cambio y del sector radical, entre otros. Con 32 años, este profesor de historia se hizo muy conocido en Quijano, pues en sus presentaciones, en la campaña electoral, se mostró como “símbolo de la inclusión”.

“Recuerdo que empecé mis primeros pasos jugando a ser maestro, después dando clases particulares, luego trabajé en PMI (Plan de Mejora Institucional), Plan Fines, como así también realicé charlas de concientización sobre diferentes temáticas (Bullying, Acoso Escolar, entre otros) y, por último, en el año 2019 ingresé a trabajar en el colegio secundario N° 5.181 Colanzulí, de Iruya, como docente”, contó en una entrevista.

Posteriormente, cuando quedó desempleado, Carrazano adjudicó su despido a un acto de discriminación por parte del Estado. “Me discriminan por mi condición de discapacitado. No por inútil. Estoy en condiciones de trabajar y enseñar”, afirmó.

Lo que no mencionó, sin embargo, fue que su desplazamiento coincidió con la misma fecha en que comenzó a ser investigado por la fiscalía por la denuncia de abuso sexual en su contra, por lo que sus dichos habrían sido dirigidos a ocultar la causa penal por abuso sexual.