Reactivan la investigación por lavado de activos contra los dueños de “La Roka” y “Salón”
Se trata de los dueños de los principales locales bailables de la ciudad. En marzo del 2022 habían sido sobreseídos, sin embargo, un nuevo fallo revocó esa decisión y ordenó que se profundice la investigación iniciada por una denuncia de la AFIP.
El caso, que data de hace 8 años, sigue dando que hablar. Ahora, por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, el que acogió de forma favorable un recurso de apelación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que inició la causa a partir de una denuncia radicada el 15 de enero de 2015.
En la misma, la AFIP reflejó la acusación que empleados de un local bailable de avenida Paraguay hicieron pública. Si bien la protesta era por unos 40 trabajadores que no estaban registrados, el órgano recaudador fue más allá, pues descubrió que los socios de la firma que explotaba la discoteca tenían graves inconsistencias de orden patrimonial, como así tampoco había registros actualizados de impuestos a las ganancias, bienes personales y otros más.
También llamó la atención la diferencia entre el arancel que se pagaba a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y los gastos que demandaba el local, al igual que la aparición de otra firma que continuó con la explotación, con socios que tampoco tenían la capacidad económica, pero con un aspecto saliente: los apellidos se repetían.
Así fue como, al ir más a fondo, se descubrió un entramado de empresas creadas para tratar de ocultar a una pareja que, en definitiva, tenían el manejo total de los dos locales bailables que concentran más clientes en la noche salteña, uno de ellos ubicado en la zona sur, “La Roka” y el otro, frente a la terminal de ómnibus, “Salón”.
En el avance de la investigación, según fuentes de la AFIP, se llegó a la detención de la pareja de empresarios, el allanamiento de varios domicilios, incluidos los locales bailables, el secuestro de varios vehículos de alta gama, dinero, joyas de gran valor y el hallazgo de una cámara en donde se ocultaba más plata.
También se identificaron a otros implicados, la mayoría de ellos familiares que oficiaban de “prestanombres” y otros que llevaban adelante la tarea contable de ambos boliches, siempre con el objetivo –según la AFIP- de engañar al fisco y usar el dinero para la compra de propiedades e incluso, se hizo referencia a la compra de un viñedo en Cafayate.
A tal punto llego el caso, que el juzgado federal ordenó el embargo de todos los bienes secuestrados, como así también dispuso la libertad provisoria de la pareja acusada, aunque ordenó fuertes medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país.
Sobreseimiento revocado
Pese a la gran cantidad de pruebas reunidas, en marzo pasado, el juzgado ordenó el sobreseimiento de los dos acusados, lo que fue apelado por la AFIP, la que había pedido que los imputados vayan a juicio por asociación ilícita tributaria y lavado de activos.
Al respecto, fuentes del ente recaudador revelaron que el 2 de noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Ernesto Solá, Luis Renato Rabbi Baldi y Santiago French, revocó la resolución que favorecía a la pareja acusada.
Los camaristas, si bien rechazaron –por ahora- la existencia de elementos de pruebas que ameriten reabrir el caso por el delito de asociación ilícita tributaria, sí existen pruebas que exigen una mayor pesquisa respecto a la acusación de lavado de activos, por lo que revocaron el sobreseimiento y reactivaron la investigación en torno a dicha figura penal.
Por otra parte, y según surge del fallo, los jueces le hicieron notar a la magistrada que había dispuestos el fallo favorable a los empresarios, que, durante el secuestro de vehículos, joyas y otros bienes de interés para la causa, se hallaron varias armas y municiones, sin que el juzgado haya dispuesto ninguna actuación al respecto, por lo que recomendaron que inicie las diligencias de rigor correspondientes.
De esta manera, el caso volvió a cobrar brío y la AFIP confía en que pronto quedará demostrado el accionar fraudulento, especialmente en perjuicio del fisco, llevado adelante por los acusados, quienes, por ahora, permanecen en libertad.
Al disponer el sobreseimiento, el juzgado entendió que “el dinero que proviene de la evasión no tiene origen ilícito en tanto no nace de actividades delictivas”, una postura con la cual el tribunal no coincidió. “Este Tribunal no comparte dicho criterio”, dijeron.