La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) un caso de explotación y trata laboral en Salta. El caso se descubrió a partir de una llamada anónima al organismo.

En el operativo que se dispuso participaron oficiales de la justicia federal y de otros organismos públicos de Nación y Provincia. Las víctimas son una familia compuesta por un trabajador rural, su esposa y dos hijos, que ya recibieron asistencia para reubicarse en otra zona.

El trabajador había sido contratado por el establecimiento a partir de una oferta que incluía un sueldo superior al Salario Mínimo Vital y Móvil y una vivienda digna. Sin embargo, una vez que se trasladó al predio junto a los restantes miembros de su familia, se encontraron con una construcción precaria que carecía de sanitarios y los mínimos elementos para poder asearse, sin agua potable, conexión eléctrica o cocina.

Del sueldo pactado, el empleador le descontaba los montos por los supuestos gastos en comida. Esto llegaba a tal punto que en los últimos meses no había percibido dinero alguno. A estas severas irregularidades se sumó el hecho de que en varias ocasiones se les había impedido salir del predio y eran obligados a finalizar sus tareas laborales incluso mientras requerían de asistencia médica.

Agentes de la DGRSS fueron al lugar a partir de la denuncia realizada a la línea 0800-999-3368 (opción 3) que esta diseñada para tal fin. Se debe recordar que el organismo cuenta con un canal alternativo mediante el correo tratalaboral@afip.gob.ar.

Los inspectores estuvieron acompañados por personal de la División de Fiscalización de Salta de la AFIP, por representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Policía de Trata y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provinciales.

El operativo permitió rescatar a la familia y gestionar un nuevo hogar, subsidios y asistencias para sus miembros. Por medio de estas acciones, el organismo busca combatir la trata laboral y las relaciones laborales que en rigor en sus casos más extremos encubren delitos como la reducción a la servidumbre.