Fraude en la Caja de Abogados: estiman el desfalco en más de 100 millones
Mientras se espera por la imputación formal al empleado detenido ayer tras el robo millonario a la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, en la Ciudad Judicial, abogados y fuentes judiciales no descartaron la participación de otros implicados, hubo quejas por la demora de algunas diligencias y reclamaron una calificación penal más dura.
El escándalo desatado por el desvío de fondos por parte de un cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta sigue en alza, en especial, entre los mismos letrados del foro local, algunos de los cuales ya comenzaron a agruparse a fin de conocer más a fondo lo sucedido en torno a la entidad, que administra los aportes que luego inciden en el régimen jubilatorio.
El abogado Holver Martínez junto a otros colegas, se presentó esta mañana en el Juzgado de Garantías a fin de presentar un escrito y tener acceso a las actuaciones, en principio, con el sólo efecto de tomar conocimiento, mientras que otros abogados no descartan tener otro tipo de intervención, por ejemplo, a través de la figura legal de “amicus curiae”, también conocida como “amigos de la Corte”, figura que permite presentaciones realizadas por terceros ajenos que pueden arrimar opiniones jurídicas.
Cabe señalar que la misma Caja anunció que se presentará como querellante, no obstante, los abogados están inquietos y quieren estar al tanto de este fraude, ya que afecta directamente sus intereses. En vista de ello, desde el juzgado existe toda la intención de que el proceso se lleve con todas las garantías y transparencia del caso.
La preocupación de los letrados surge de cierta demora que advierten, entre el comunicado de la desvinculación y denuncia contra el empleado S.L, dada a conocer el jueves pasado, y el allanamiento y detención del mismo, la que recién se efectivizó ayer, transcurridos cuatro días.
Al respecto, trascendió que del allanamiento y secuestro de elementos de pruebas solo se hallaron 40 mil pesos y algunos dispositivos informáticos. También se hizo hincapié en una pericia que permita cruzar la información registradas en los expedientes judiciales y el asiento contable de la Caja, medida que permitiría conocer fehacientemente el supuesto fraude.