Tras la fuerte devaluación del 54% que se aplicó el 13 de diciembre, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el presidente Javier Milei y la posterior ley ómnibus abarcan una enorme cantidad de reformas regulatorias, de las cuales muchas afectan con dureza en la calidad de vida de los argentinos. 

Liberación de precios: La derogación de la Ley de Góndolas y Abastecimiento desencadenó la fluctuación de precios por oferta y demanda, especialmente en alimentos, llevando a una inflación cercana al 40% en el primer mes.

Fin de la movilidad jubilatoria: La eliminación de la movilidad a las jubilaciones permite al Poder Ejecutivo fijar aumentos sin pasar por el Congreso, evidenciando un ajuste en los ingresos de los jubilados.

Suba de combustibles: La regulación que obliga a YPF a vender combustible a precio internacional eliminó el barril criollo, lo que se traduce en un alza considerable en los precios de los combustibles, que indudablemente tendrá su efecto directo en la economía hogareña, pero también indirecto, por el traslado a precios del transporte y la energía que tendrán estas subas.

Aumento de tarifas y transporte: Las subas en tarifas, especialmente en el transporte público, reducen el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Privatizaciones: A pesar de parecer lejanas, las privatizaciones, como la del Banco Nación, podrían empeorar las condiciones para los clientes.

Alquileres: La derogación de la Ley de alquileres también incidirá en el bolsillo de los argentinos. Ahora las partes pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice, público o privado. Se otorga libertad para determinar cada cuánto tiempo se actualizará el contrato, eliminando el mínimo semestral previo. Y los contratos pueden realizarse en pesos o en moneda extranjera y el inquilino no puede pedir hacer el pago en una moneda diferente a la acordada.

Desregulación de precios de medicamentos: El cambio en el régimen farmacéutico provocó aumentos notables en los precios de los medicamentos, generando preocupación por el acceso a tratamientos esenciales.

Liberación de importaciones: La medida impactará negativamente sobre la economía nacional, especialmente en la industria textil. Eso, sin dudas, se verá trasladado a salarios y empleo, como consecuencia del posible cierre de empresas y menores ventas de productos nacionales. 

Ahorros: El BCRA redujo la tasa del plazo fijo tradicional del 11% mensual al 9%, lo que deja a ese instrumento como una herramienta inválida para preservar algo de dinero que se logre juntar en un mes contra la inflación.