Crisis narco en Rosario: el 6 de mayo se pondrá en marcha el sistema acusatorio
Desde 2019 se aplica en Salta el sistema acusatorio implementado por el código procesal penal federal, mediante el cual la justicia puede dar respuestas más rápidas a la sociedad que las requiere.
El día martes, se llevó a cabo una reunión en la que se presentó ante las autoridades de los extractos judiciales esta modalidad que se aplica en Salta y Jujuy, acordando que sería óptima para aplicarla en la problemática del narcotráfico que hoy atraviesa Rosario.
El Fiscal Federal, Ricardo Toranzos, explicó en CNN Radio Salta, que la justicia contaba con un sistema antiguo con procesos que tardaban hasta 12 años sobre todo los delitos de corrupción que involucraban a funcionarios nacionales.
“Esto se tomó como un síntoma del descreimiento que ya tiene la sociedad sobre la función jurisdiccional, porque no venía una respuesta rápida”.
Por lo que fue necesario dar una renovación a estas medidas, distribuyendo acciones y agilizando los procedimientos. En el orden federal se empezó a agregar novedades como la resolución del conflicto antes de la condena, siempre dependiendo de la gravedad de la afección al bien jurídico, explicó el Fiscal.
A partir de entonces se abrió un abanico de posibilidades y de modalidades, desde conciliaciones, suspensión del juicio a prueba o principio de oportunidad, lo cual le permitió a la victima tener una respuesta y participar con su opinión.
Lo que generó la agilización a nivel país, fue que el comunicado del gobierno actual por medio del Ministerio de Justicia, donde se anunció que era cuestión de Estado implementarlo al sistema: “surgió el problema de Rosario y entendieron que una de las medidas para resolver esta situación de violencia y gravedad es aplicar el sistema acusatorio”.
Por ello a partir del 6 de mayo empezará a regir como modo de solución rápida de conflicto para colaborar en la seguridad disminuyendo el orden de violencia.
Con este sistema, en la unidad carcelaria casi el 85% de los que están privados de su libertad tienen condena, mientras que el resto cuenta con prisión preventiva sin llegar a más de 4 meses, que es el tiempo en el que el fiscal debe conformar una acusación.
“La consecuencia va a ser rápida, contundente, cumpliendo las pautas internacionales de garantía que se exige, cumpliendo con la Constitución”.