En La Rioja comenzaron a pagarse los sueldos con los “Chachos”

El gobierno de la provincia de La Rioja comenzó a pagar sueldos de empleados estatales con la cuasimoneda Bocade, también conocida como los “Chachos”, que así comenzará a tener circulación en esa jurisdicción, lo que implica el regreso formal de una cuasimoneda en la economía argentina tras la experiencia que atravesaron distintas provincias durante la crisis de la convertibilidad.

El gobernador Ricardo Quintela ya había anticipado antes de que finalizara junio que los funcionarios de mayor rango iban a ser los primeros en cobrar una parte de su salario a través de la cuasimoneda local apodada “Chacho” en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza.

En los primeros días de julio, finalmente parte del salario de esos empleados de alto rango fue abonado bajo esa modalidad y dio inicio a la circulación de la cuasimoneda, que podrá ser utilizada como moneda fiduciaria únicamente dentro de la provincia.

La Legislatura riojana había aprobado por amplia mayoría en enero la emisión de cuasimonedas por $22.500 millones. Uno de los objetivos principales del proyecto era destinar un 30% al pago de los salarios de los empleados públicos de la provincia del noroeste argentino. En aquel momento, Quintela justificó la necesidad de la emisión de la cuasimoneda a partir de la deuda que el Gobierno nacional mantiene con su provincia por fondos coparticipables que, según expresó, se dejaron de pagar a mediados de noviembre del 2023, tras el balotaje.

 “Se dejó de pagar una parte de octubre, noviembre y diciembre. Eso hace un monto aproximado de 9.300 millones de pesos. A eso se le tiene que agregar la cuota de enero, otros 3.700 millones de pesos de enero. La Rioja no puede prescindir de esa plata porque es parte de la coparticipación, de los recursos que son parte de las provincias”, sostuvo el dirigente que es además titular del PJ riojano. Esos fondos, explicó Quintela, tienen que ver con una compensación que se le da a la provincia desde 1999 a raíz de la quita de un punto de los fondos coparticipables que le correspondían que ordenó en 1988 el entonces presidente Raúl Alfonsín.