La nafta podría bajar en octubre por primera vez en cinco años

Por primera vez desde enero de 2019, hace 5 años y 8 meses, la Argentina está frente a un escenario en el que es posible una baja de los precios de los combustibles (nafta y gasoil). La situación, que ocurrió pocas veces en la historia reciente, podría volver a pasar en octubre, a causa de la caída en los valores internacionales del petróleo crudo.

Clarín pudo confirmar que ejecutivos de la industria petrolera analizan seriamente una baja de la nafta, aunque también hay motivos que juegan en la dirección contraria: la devaluación del peso contra el dólar y la actualización de los precios de los biocombustibles (bioetanol y biodiésel), de 2% mensual en ambos casos, así como la necesidad del Gobierno de recuperar recaudación tributaria con la suba de impuestos a los combustibles.

¿Baja la nafta en octubre?

Con todo, la ventana de oportunidad que se abrió puede ser un golpe de suerte para el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque la situación los exceda -porque está originada en el mercado internacional-, La Libertad Avanza (LLA) podría aprovechar para mostrar políticamente que en su gestión bajó la nafta, aunque sea apenas unas décimas. Es algo que no le pasó a Alberto Fernández y que pudo disfrutar una vez Mauricio Macri.

La cuestión también va a desatar negociaciones duras en los próximos días entre las refinadoras -YPF, PAE (Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma Energy)- y las productoras de petróleo no integradas (Vista, Chevron, Shell, Pluspetrol, Petronas, Equinor, Phoenix y Exxon, entre otras) por el precio al que se pagará el crudo de Vaca Muerta -"Medanito"- en el mercado local.

Durante agosto, las refinerías abonaron entre 68 y 71,50 dólares por barril a los productores, mientras el precio internacional del Brent -la referencia en Argentina-, tuvo un promedio cercano a los US$ 79 y la paridad de exportación estaba arriba de los 72 dólares.

En septiembre, las refinerías están acercando ofertas que oscilan entre US$ 66 y 67 por barril, en tanto que el promedio del Brent está apenas por debajo de los US$ 73. En esta cuenta inciden el 8% de derechos de exportación (retenciones) y los descuentos por calidad, así como el "dólar blend" 80% oficial y 20% contado con liqui.

Es decir, las refinerías jugarán para hacer caer lo que pagan a las productoras de crudo en el mercado interno, y eso poder trasladárselo en parte a los consumidores.

La pelea es por márgenes de ganancia. Desde una petrolera no integrada lo graficaron así: "Ellos podrían pagar el export parity -paridad de exportación-, considerando que sus márgenes son los mayores de toda la historia. Le cobran precios altos a los consumidores, pero a los productores nos compran barato. El crack spread -diferencia de precios entre el crudo y los productos refinados- es de US$ 26 por barril, mientras que en Argentina el promedio histórico es de US$ 17 y en el mundo, de US$ 12".

Por su lado, el director comercial de otra productora planteó: "Sería una buena oportunidad para liberar el surtidor, ya que hoy está al nivel de paridad de exportación. Y ahí sí, una vez que liberás el mercado, si sube el petróleo, aumenta la nafta, y si cae el crudo, también los combustibles".

Pese a que formal y regulatoriamente el mercado interno es libre, en los hechos hasta agosto las refinadoras pagaban a las productoras un precio menor al de la paridad para no tener que aplicar aumentos mayores al público -en septiembre fueron de 3% promedio nacional y hasta 7% en la Ciudad de Buenos Aires-. Es decir, el mercado no era libre en los hechos, algo que sí podría empezar a pasar en los próximos días.

Los impuestos, el frente de conflicto

Ante esto, el Gobierno podría aprovechar para recuperar recaudación tributaria con la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles. De acuerdo a la normativa vigente, restan aumentos en la nafta por $ 163 por litro y en gasoil, por $ 103, lo que representan subas de hasta 15,4% y 9,5%, respectivamente, en relación con los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los cálculos de la consultora Economía & Energía, por mantener atrasados estos impuestos para anclar la inflación, el Gobierno se pierde el equivalente a más de 200 millones de dólares por mes, que le ayudarían a ampliar el superávit fiscal o aflojar el ajuste en otras áreas. Por ejemplo, hubiera servido para otorgar mejoras en las jubilaciones y evitar un veto total a la ley que sancionó el Congreso.

De hecho, el Presupuesto 2025 establece una previsión de recaudación por impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono por $ 2.170.856,2 millones -$ 2,1 billones- este año, el equivalente a 0,38% del Producto, que crecería hasta los $ 5.539.780,6 millones -$ 5,5 billones- o 0,73% del PIB en el siguiente ejercicio. Es un ajuste de 0,35 puntos porcentuales o más de 2.000 millones de dólares para el año que viene.