Por movimiento irregular de animales, tres exfuncionarios de SENASA fueron imputados
El pasado jueves, tres exfuncionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Joaquín V. González, fueron imputados por el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
La acusación penal fue contra Raúl Francisco Pardo, quien era Coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA; Sergio Miguel Achtar, inspector profesional y encargado de la oficina de SENASA en la localidad de Joaquín V. González; y Natalia Gramajo, secretaria administrativa de dicha sede. Los tres quedaron desempleados a fines de junio pasado por decisión del organismo.
La investigación del caso, dio inicio el pasado 3 de enero tras dos denuncias: una por Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación “Ganaderos del Sur”; y la otra por un familiar de una productora agropecuaria del sur de la provincia.
Una de las declaraciones advirtió que la cantidad de animales en su poder no coincidía con el stock registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), el cual tenía designado un número menor al real.
Durante la investigación, encontraron que se daba cuenta del movimiento de animales de su propiedad con destino a una firma ubicada en Entre Ríos. Debido a esto, el stock de animales aparecía disminuido, lo que fue desmentido por el denunciante, pues no se había trasladado ningún animal de la finca en cuestión.
Por su parte, Ortiz de Urbina denunció otros dos casos similares, aunque uno de ellos se diferenciaba en que habían gestionado un documento de tránsito a nombre de un productor fallecido en 2013.
La auxiliar fiscal enumeró las pruebas reunidas y solicitó un plazo de investigación de seis meses, pues desde el SENASA se remitieron más informes, por lo que no descartó nuevas pruebas. Esto podría ampliar la responsabilidad penal de los imputados.
Por su parte, las defensas no presentaron objeciones, sino precisión respecto a algunos de los hechos imputados, tras lo cual la jueza dio por formalizado el caso. En otro lugar, la fiscalía sólo exigió de los acusados la obligación de no entorpecer el proceso penal.