Enojo: Las claves para entender el polémico aumento en las jubilaciones

Cuando el anuncio de aumento en las jubilaciones parecía darle un poco de alivio al Gobierno en medio de la tormenta por el convenio de pago de deuda entre el Estado y el Correo Argentino, dos horas después el propio presidente Mauricio Macri empezó a analizar si da de baja la medida.

El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso anunció ayer que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarían un 12,65% a partir del 1° de marzo. Esta suba aumentaría el haber mínimo jubilatorio de $ 5.661 a $ 6.377; la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $ 1.103 a $ 1.243 y la Pensión Universal para el adulto mayor de $ 4.528 a $ 5101.

Poco después se supo que, sin haberlo anunciado con anticipación, el Gobierno modificó la reglamentación de la ley de movilidad, lo que determinó que el aumento fuera más bajo que el que si se hubiera mantenido la fórmula original. Esto le generó otro fuerte dolor de cabeza a la Casa Rosada, que atraviesa un momento delicado por el acuerdo de pago de deuda entre el Estado y el Correo Argentino, propiedad de la familia presidencial.

En qué consisten los cambios

En la ANSES admitieron que en lugar del 12,65% la movilidad hubiera sido del 12,96%. Se trata de una diferencia de 0,31 puntos, que representa un perjuicio de unos $ 3.000 millones anuales hacia los jubilados y beneficiarios de las Asignaciones Familiares. Según estudios de abogados previsionales la diferencia sería mayor de 0,6 puntos, por lo tanto el perjuicio contra los beneficiarios sería de $ 6.000 anuales, indica Clarín.

El organismo explicó que la fórmula de movilidad se calculó a partir de las variaciones semestrales de Recursos Tributarios y de Recursos Totales de la ANSES y no de la comparación anual, como se hacía hasta el momento. El argumento de la institución fue que esta modificación reproduce "más fielmente la variación de cada año".

El Gobierno tampoco difundió los índices de los componentes de la fórmula de movilidad que resultó en la suba determinada del 12,65%, datos que el organismo nunca difundió desde el 2009, cuando se aprobó la ley de movilidad. Esta fórmula no resulta de la inflación sino de una combinación de la suba salarial del INDEC o del Ministerio de Trabajo en los semestres calendarios (enero-junio y julio-diciembre).

La suba que anunció Basavilbaso rige desde el 1° de marzo hasta el 30 de agosto y alcanza a cerca de 7 millones de jubilados y pensionados, a 1,5 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas, y a más de 8,9 millones de chicos que perciben Asignaciones Familiares, incluidas las AUH. En el caso de las jubilaciones el aumento sería de $ 5.661 a $ 6.377 mensuales pero, con el 12,96% original, la prestación subiría a $ 6.394.

La Casa Rosada daría marcha atrás

Tras el nuevo escándalo que generó la norma en el Gobierno, Macri habló con los referentes del bloque de Cambiemos en Diputados y se habría comprometido a dar de baja los cambios en la movilidad jubilatoria, que se colaron en la sesión por la reforma de ART y generaron un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición.

Furia de propios y extraños

En el frente oficialista la diputada Elisa Carrió expresó toda su furia y advirtió que si no dan de baja la resolución de la ANSES pedirá que renuncie su titular. "Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber cambiado la ley. Me comprometo a que impere la actual ley de actualización", exclamó la diputada en plena sesión.

Luego habría elevado el tono de sus palabras: "Si no me bajan la resolución pido la renuncia a Basavilbaso o a quien sea. Aprendan la regla de la ética. ¡Se van a la reputa que los parió!", gritó la legisladora a los gritos y en el pasillo, de acuerdo a La Nación.

Los diputados del Frente Renovador Sergio Massa y del GEN Margarita Stolbizer -que impulsan una alianza para las elecciones legislativas- anunciaron que presentarán una medida cautelar en la Justicia para suspender esta decisión del Gobierno que, formalmente, todavía rige ya que no hubo ninguna novedad en el Boletín Oficial.