Por una deuda de $300, le remataron su casa

La medianoche del viernes sacaron sus cosas porque hoy, según les advirtieron, todos serían desalojados por la fuerza. Decidieron, con sus ilusiones rotas, evitarle a las nenas de la casa semejante disgusto.

Todo comenzó con un crédito tomado en Masventas hace casi tres décadas. Sus tres hijos -un varón y dos mujeres, una a punto de dar a luz a la tercera nieta de Celia- aseguran que aquel préstamo se canceló con creces, según publica hoy diario El Tribuno.

En 2000, sin embargo, se inició un proceso ejecutivo por un saldo de $359,63. Celia y sus hijos creen que fue un reclamo de honorarios del abogado del banco. Es muy poco lo que saben a ciencia cierta, porque la Justicia nunca les notificó, como debía, las actuaciones, según afirman.

Por años, los mandamientos fueron dirigidos con un nombre incorrecto -"Cecilia Godoy"- y una dirección inexacta. Todos fueron a parar a otro departamento de esa urbanización de la zona norte de la capital salteña.

Recién a mediados de 2016 recibieron una cédula con nombre y dirección correctos. En esa notificación, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación le informó a Celia Godoy que su vivienda familiar estaba por ser subastada. Solo cinco días después le llegó otra cédula informándole que el remate ya se había realizado.

El juez que lo ordenó es Leonardo Rubén Araníbar, pero Celia y sus hijos creían hasta el viernes último que la responsable de las actuaciones era "la jueza Rubí Vázquez". Ella es, en realidad, la secretaria del Juzgado.