“La religión debe dictarse, si así lo quieren los padres, en el seno de cada familia”

En el marco de la audiencia ante la Corte por el dictado de educación religiosa en las escuelas públicas de Salta, Guillermo Torremare, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, consideró inconstitucional el Art. 49 de la Constitución de la Provincia de Salta, y el Art. 8 Inc. 9 de la Ley Provincial de Educación, tras entender que son abiertamente discriminatorias porque están dirigidas a un sector de la población de Salta que tiene creencias y convicciones religiosas soslayando a otro sector que tiene creencias y convicciones seculares.

Torremare señaló que el estado salteño viola la convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, adoptada ya en 1960, por la conferencia general de la UNESCO, y ratificada por la República Argentina en 1963 y viola la declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones aprobadas por la asamblea de Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981.

Además sostuvo que el estado salteño transgrede la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia que fue ratificado por la república argentina en el 2013 y soslaya la protección legal de las personas ateas porque contraría abiertamente el Art. 18 del pacto internacional de derechos civiles y políticos que reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. 

En la oportunidad, sostuvo que con las normas que el estado salteño ha sancionado los creyentes no llegaran a tener nunca la libertad religiosa que tienen las personas creyentes. “Nosotros nos oponemos porque consideramos que un estado totalmente laico puede garantizar las condiciones necesarias para que los creyentes y no creyentes coexistas pacíficamente y ambos puedan llevar adelante su idea de bien común”, dijo.

A su turno, Mariana Catanzaro, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aseguró que se pretende impartir religión y dividir a los alumnos en las aulas. “La instrucción religiosa debe tener lugar, si así lo quieren los padres, en el seno de cada familia, y nunca en las aulas de escuelas públicos", sostuvo.

Por último, sostuvo que es absurdo e inconcebible admitir que pueda haber una escuela pública que pretenda una formación integral e inclusiva y que al mismo tiempo dicte religión cuando hay quienes creen y quienes no. "El error sería elevar la religiosidad por sobre la dignidad, pluralidad y diversidad sobre la que se deben formar niños y niñas”, finalizó.