Calletti será designada como fiscal de Estado

El Senado otorgó ayer el acuerdo que pidió el Ejecutivo con apoyo de la mayoría de los senadores oficialistas, confirmó El Tribuno. Las senadoras Gabriela Cerrano (PO), Berta Gerónimo (UCR) y Ana Guerra (UCR) rechazaron el pedido de acuerdo.

El pliego que envió el Ejecutivo fue tratado ayer en sesión especial.

El senador Diego Pérez (PJ) hizo conocer los antecedentes profesionales y la trayectoria en la función pública de Calletti e hizo conocer el visto bueno de la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones para otorgar el acuerdo.

En este tramo, la senadora del PO, Gabriela Cerrano, dijo que “los antecedentes escuchados nada tienen que ver con la realidad que vimos los salteños mientras fue ministra de Derechos Humanos y Justicia” y consideró deficiente su rol en los casos relacionados con violencia de género.

Consejo de la Magistratura

En la sesión de ayer, el Senado aprobó las modificaciones que se impulsan en la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Se trata de garantizar mayor igualdad, imparcialidad y transparencia en el desarrollo de los concursos públicos para la selección de candidatos a cubrir vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, señaló Diego Pérez (PJ) como miembro informante.

El proyecto, que pasó a Diputados, modifica los artículos 13, 18 y 19 de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura.

Incorpora la prueba de oposición escrita, que si bien está en el reglamento y se viene aplicando, lo que se busca es darle rango legal, explicó Pérez y destacó la inclusión de consultores técnicos en el proceso.

A su turno, la senadora Cerrano puntualizó que el sistema del que se habla “ya está en práctica” y dijo que “no evitó, por ejemplo, la postulación de Robbio Saravia, quien no sabía para qué fuero concursaba”.

La senadora de la izquierda abogó por “una justicia independiente del poder político y electa por el voto popular” y transmitió que el PO plantea que “para los juzgados de violencia de género no se permita postular a funcionarios judiciales con antecedentes de beneficiar a violentos, violadores o de haber tenido antecedentes de fallos misóginos”.