Otro testigo complicó a Reynoso y a jefes de Gendarmería

Barrios declaró en el juicio que se sigue contra Reynoso y a los abogados René Gómez, Ramón Valor, Sara Esper y Arsenio Eladio Gaona; los empleados del Juzgado Federal de Orán Miguel Ángel Saavedra y Julio César Aparicio y la hermana de éste, Rosalía Aparicio, como integrantes de una asociación ilícita que beneficiaba judicialmente a narcotraficantes a cambio de pagos. 

Barrios contó que tenía una causa por resistencia a la autoridad, según él, armada por Gendarmería en represalia por sus denuncias sobre vinculaciones de miembros de esta fuerza con el narcotráfico, confirmó Nuevo Diario.

Dijo que entendía que era una acusación menor, por lo que pidió audiencia con Reynoso, quien lo atendió en su despacho apenas minutos: “Él estaba de perfil, tomando un café”, detalló cuando le pidieron precisiones. 

Relató que también estaba uno de los secretarios del Juzgado Federal de Orán, Gustavo Hadad, y  el empleado Héctor Acosta, implicado en otra causa vinculada a la que está en juicio. Cuando le expuso su problema, Reynoso le dijo que hablara con Gaona.

“Esto lo podemos solucionar tranquilamente, si vos tenés $50.000 en una semana se resuelve”, aseguró que le prometió el abogado. “Saavedra te va a hacer la resolución rápidamente”, le completó. 

Barrios aseguró asimismo que el ex juez federal de Orán, el jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería, Claudio Osvaldo Domenichini, y otros gendarmes e integrantes del Juzgado Federal oranense estaban de acuerdo para realizar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y que cuando alguien intentaba “hacer su negocio con otra gente que llevaba mercadería, llevaba otras cosas”, enseguida quedaba detenido, como ocurrió, dijo, con el subalferez Irala y con el primera alferez Ramón Correa Da Silva. 

“Cuando un gendarme hacía la suya, y no repartía tanto con Domenichini como con usted, caía”, insistió más tarde cuando el ex juez le repreguntó sobre esta afirmación. 

En el contexto de esta supuesta organización delictiva, aseguró que la droga que estaba en el depósito judicial de Orán era sacada y puesta a circular, nuevamente. Añadió que aportará al tribunal el nombre de un hombre del barrio Caballito, en Orán, que hacía esto y que para librarse de una causa, “cuando se quiso cortar solo”, tuvo que pagar $260 mil.