Una minera francesa congeló un proyecto de 600 millones de dólares en Salta

La multinacional francesa Eramet congeló un proyecto de producción de litio en Salta, que implicaba un desembolso de 600 millones de dólares, con el argumento de que la incertidumbre económica y la situación cambiara de la Argentina le hace imposible seguir adelante.

En anuncio lo hizo la semana pasada, en París, la CEO de la compañía, Christel Bories, cuando presentó los últimos balances de la empresa. "El contexto en Argentina y el clima económico en el mundo en general no nos permiten en este momento lanzar con serenidad este proyecto", dijo, según informó la agencia Reuters.

Boris había estado reunida con Alberto Fernández, en un encuentro a solas, cuando el presidente argentino visitó Francia, a principios de este mes. "No se había hecho público hasta ahora, pero ya veníamos informado sobre este paro de las actividades a todas las autoridades desde diciembre de 2019 y Boris se lo indicó al presidente Fernández, y le explicó que se debía a que no podíamos lograr el financiamiento [necesario para avanzar con el proyecto], cuando se encontraron en París", declaró a LA NACION una fuente de la compañía.

En la Casa Rosada dijeron ayer que son plenamente conscientes de la situación y que la empresa sabe que Fernández está preocupado por resolver la cuestión. Según informó a LA NACION un alto funcionario del Gobierno, el caso puntual de Eramet fue uno de los temas que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le planteó a Fernández en su encuentro del 5 de febrero en París. "Lo primero que hizo Macron fue presentarle la situación de algunas empresas francesas en la Argentina y una de las empresas por las que pidió fue Eramet", dijo el funcionario.

Cuando la compañía hizo pública su decisión de congelar el proyecto en la Argentina, Boris informó que fueron factores determinantes los actuales controles de cambio decididos recientemente y la incertidumbre en torno a las negociaciones del gobierno con el FMI.

La mutinacional espera que las autoridades argentinas modifiquen la legislación y la exceptúen del régimen actual del control de cambios.