Las medidas económicas ante la pandemia ya sumaron más de $1,2 billones

El conjunto de medidas económicas que tomó el Gobierno en las últimas semanas, en el marco de la emergencia sanitaria y la situación generada por el coronavirus, ya involucró recursos públicos por alrededor de $ 1,2 billón, una cifra equivalente al 4,3% del producto bruto ingreso (PBI), según cálculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El Ministerio de Economía, por su parte, estimó que el paquete de asistencia económica alcanzará el 5,6% del PBI a lo largo del segundo trimestre del año, con un monto estimado entre gasto fiscal y facilidades financieras de algo más de 1,7 billones de pesos.

El informe del Palacio de Hacienda elevó al 7,7% del PBI en el nivel de asistencia del período abril-mayo-junio; si se incorpora al análisis el alcance del sistema de seguridad social, se debería sumar el 0,7% del PBI que actualmente dedica la Argentina por mes por ese concepto.

Al informe elaborado por la OPC,se añaden las facilidades para aportar mayor liquidez al sistema financiero, de modo de incentivar el crédito al sector privado, que sumaron $571.774 millones (2,0% del producto) con lo cual el monto total de los recursos asignados hasta el momento "para atender los impactos del Covid-19 representan alrededor del 4,3% del PIB", constató el estudio.

La OPC detalló que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo y que tienen impacto presupuestario directo son de tres tipos.

Por un lado, decretos de necesidad y urgencia con modificaciones y reasignaciones de partidas del Presupuesto para atender gastos por la pandemia. Luego el Gobierno dictó instrumentos legales que aún no fueron incorporados en el Presupuesto, a través de seis decretos presidenciales y dos DNU.

Tampoco cuentan hasta ahora con norma legal, señaló el informe de la Oficina parlamentaria, otros anuncios efectuados con impacto financiero en el Presupuesto.

Hubo asimismo anuncios sin impacto presupuestario, como los referidos a los recursos disponibles en el sistema financiero, que se instrumentaron en el marco de la pandemia.

Casi la mitad de los recursos totales dispuestos por el Gobierno nacional ante la crisis, por $ 571.000 millones, corresponden a dos medidas, según el informe del Congreso. Por un lado se destinaron $ 350.000 millones para créditos al sector privado orientados a garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía.

La primera línea implementada por el BCRA, por $ 320.000 millones, fue para proveer capital de trabajo a las empresas, a tasas preferenciales y por un plazo de 180 días. El monto máximo de financiación es el equivalente a la nómina salarial de esas empresas, con tasas de interés de 26% anual.

Se destinaron además $ 25.000 millones en créditos del Banco Nación a 24% de tasa para productores de alimentos, higiene personal y limpieza, y productores de insumos médicos.Otra línea incluyó $ 5.000 millones para financiar la adquisición de equipamiento tecnológico y garantizar así la modalidad de teletrabajo.

El otro gran canal de estímulo en el marco de la cuarentena es el de los créditos a tasa cero, por $ 220.774 millones, para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para Autónomos, con subsidio del 100% del costo financiero total.

También relevante en términos de mayor gasto presupuestario es el aumento de $ 100.000 millones para inversión en obra pública, destinado a planes viales y de infraestructura económica, construcción y refacción de viviendas, escuelas, jardines maternales, y de turismo.

En orden de importancia, continuó la OPC, figuran los $ 89.630 millones que insumirá el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales, personal doméstico, beneficiarios de la AUH y monotributistas categorías A y B, entre otros.

Algo menos, $ 81.809 millones, corresponde a otro gasto no previsto antes de la pandemia, vinculado al salario complementario dispuesto para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, concluyó el informe de la Oficina de Presupuesto.