Con algunas críticas, Diputados aprobó la prórroga del estado de Emergencia Sanitaria

En una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, los legisladores aprobaron en general el proyecto tratado sobre tablas para extender por 180 días el estado de emergencia sanitaria en el territorio de la Provincia de Salta en virtud de la situación epidemiológica existente en nuestra provincia relacionada con el virus COVID-19.

Al respecto, Javier Diez Villa, presidente del bloque Salta Tiene Futuro, consideró que habida cuenta de la evolución de la pandemia las consecuencias sociales, económicas y sanitarias que estamos viviendo, era necesario prorrogar por 6 meses más la emergencia.

Por su parte, Claudio Del Plá, del Partido Obrero, exigió una revisión y una autocrítica por parte del Estado. “Esta propuesta es una continuidad de una política que está cuestionada, la ministra (de Salud) nos miente a la cara a los diputados, le miente a todo el pueblo de Salta”.

En tanto, Cristina Fiore, de PARES, manifestó que prorrogar la emergencia es absolutamente necesaria, pero fue muy dura con la cartera de salud. “No prorroguemos más la inutilidad puesta por el ministerio de Salud Pública, no hay información, de hecho de los más de 20 pedidos de informes, solamente contestaron 2”, disparó.

Entre otros de los puntos, se dispuso la ampliación del Comité Operativo de Emergencia (COE), que sumará entre sus miembros a dos representantes de cada Cámara del Poder Legislativo Provincial; entre otros, quienes cesarán en sus funciones al finalizar la declaración de emergencia sanitaria en la Provincia de Salta.

Sobre este punto, Manuel Santiago Godoy, del bloque Justicialista, coincidió en que haya dos representantes, uno por la mayoría y otro por la minoría, de las cámaras legislativas, y pidió sumar un representante de los movimientos sociales.

Por último, se estableció un régimen Excepcional Contravencional para la pandemia del virus, que establece sanciones para toda persona humana o jurídica que incumpla con las medidas de aislamientos dispuestas. “La idea es establecer un marco normativo que no genere malas interpretaciones, garantizando el debido proceso de la defensa en juicio de las personas que puedan ser advertidas cometiendo alguna contravención”, explicó Diez Villa.