Javier Milei activa en el Congreso la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad

A partir del próximo martes comenzará en el Congreso el armado formal de las comisiones que deberán abordar, durante el período de sesiones extraordinarias, dos de las iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad.

Luego de haber quedado fuera de agenda durante el año pasado, la reforma laboral retomará su recorrido parlamentario en 2025 con inicio en el Senado de la Nación. El debate está previsto para arrancar formalmente el 11 de febrero, una vez constituidas las comisiones correspondientes.

En ese marco, La Libertad Avanza encara una etapa clave de negociaciones para garantizar el avance de los proyectos. El oficialismo apunta a sumar respaldos de los bloques considerados “dialoguistas”, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), incluso después de las rondas de diálogo que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con distintos gobernadores en los últimos meses.

El Congreso activa la maquinaria parlamentaria

El proyecto de modernización laboral plantea una revisión integral del esquema vigente. Entre sus puntos principales figuran cambios en el sistema de indemnizaciones, la creación de un “Fondo de Cese Laboral” a través de convenios colectivos y una reducción de las contribuciones patronales con el objetivo de incentivar la contratación formal.

La iniciativa también introduce la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía que no establece una relación de dependencia tradicional, y suma un “Banco de Horas” como mecanismo de flexibilidad laboral. Este sistema permitiría compensar horas trabajadas en exceso con jornadas posteriores, en lugar del pago de horas extras.

Desde el movimiento sindical, en cambio, el rechazo fue inmediato. Las centrales obreras sostienen que la propuesta no promueve la creación de empleo y que implica una pérdida de derechos adquiridos. En ese contexto, anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes, en coincidencia con el inicio del tratamiento legislativo.

En paralelo, el oficialismo impulsa la Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El proyecto establece un régimen especial para menores, con un enfoque en medidas socioeducativas y penas alternativas, y elimina la posibilidad de aplicar reclusión perpetua, fijando un tope máximo de 20 años de condena.

No obstante, el texto prevé que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir sanciones similares a las de los adultos, con penas que podrían superar los 15 años, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes.

Para los delitos con penas menores a tres años —o de hasta diez años cuando no exista violencia grave— se priorizan respuestas de carácter social y educativo, como la libertad asistida o la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.

Desde La Libertad Avanza sostienen que la iniciativa apunta a cerrar la “puerta giratoria” del sistema penal y a sancionar delitos cometidos por menores de 16 años que, bajo la legislación vigente (ley 22.278), no reciben condena penal.