El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos presentó las imputaciones por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público de tres integrantes del PAMI en Salta que cobraron el IFE.
En una audiencia por videoconferencia, celebrada a partir de las 10, el fiscal Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, avanzó con las actuaciones iniciadas en agosto pasado en esta ocasión la imputación se dirigió a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta, quienes cumplen funciones de gerencia operativas en dependencias del PAMI en las localidades de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente.
Toranzos expresó que existían sospechas que daban cuenta de que habría 13 funcionarios del PAMI que habrían cobrado indebidamente este beneficio; sin embargo, y como resultado de las tareas investigativas realizadas por su área, se pudo determinar que sólo tres de los sindicados habrían incurrido en esta irregularidad.
Indicó que Fernández, quien había sido designada como titular de la Agencia PAMI en la ciudad de Orán, cobró dos cuotas del IFE, beneficio que solicitó dos meses después de asumir en el cargo. En cuanto a Juárez, el fiscal indicó que fue designada en febrero pasado como titular del Centro de Atención Personalizada que el PAMI posee en la localidad de El Carril, y que a los dos meses de ejercer su cargo también solicitó el cobro del IFE, subsidio que percibió en dos ocasiones. Respecto a Navarreta, Toranzos sostuvo que este funcionario, también designado por el Estado Nacional, se desempeña desde marzo pasado como titular del Centro de Atención Personalizada en la localidad de Embarcación. Afirmó también que Navarreta, como los otros acusados, solicitó el beneficio del IFE a los 23 días de asumir en el cargo y percibió este subsidio en dos oportunidades.
En vista de ello, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal en contra de los tres funcionarios públicos del orden nacional por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A sabiendas de que el IFE se trata de un beneficio otorgado a personas sin relación de dependencia y compatibles con los requisitos de la Asignación Universal por Hijo, igualmente se hicieron de este dinero en perjuicio del Estado Nacional.
“Ellos no sólo conocían estos detalles sino que, vale resaltar, habían prestado juramento como funcionarios públicos y por lo tanto era su deber cumplir con estas normas y no solamente velar que otros las cumplan”, sostuvo el fiscal, quien para mayor abundamiento citó el artículo 26 del Código de Ética Pública, el cual exige un cumplimiento adecuado del cargo por parte de los funcionarios.
Pruebas
Al sustentar esta acusación, el fiscal informó que se reunieron diversas pruebas, entre ellas informes de la AFIP respecto a la situación de los acusados como empleados del PAMI, detalles de sus cuentas bancarias y los montos percibidos durante el tiempo que cobraron el IFE. Asimismo, señaló los decretos de designación de cada uno, cargo y función en las que fueron nombrados dentro del PAMI.
También se refirió, entre otras evidencias, a la documentación bancaria que respalda el cobro del IFE por parte de los acusados, quienes al momento de prestar declaración prefirieron mantenerse en silencio, aunque sus defensores no descartaron que posteriormente hagan sus descargos.
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