Tras un violento desalojo que sufrieron unas 13 familias que se encontraban asentadas en un terreno privado del barrio Mataderos, tres de ellas no encontraron otra solución habitacional y el propio intendente, Sebastián Domínguez, les habilitó las instalaciones del edificio mientras asumió el compromiso de buscarles una solución.
El 30 de septiembre del año pasado, a las 6 de la mañana, un gran número de policías desalojaron a las 13 viviendas que ocupaban un terreno en el barrio Mataderos.
Según la versión que le llegó a las familias asentadas, esos terrenos pertenecen a un particular de apellido Gaona, pero nunca lo terminaron de confirmar. "Nuestros hijos vieron tantos policías que se asustaron, mientras ellos nos decían que íbamos a salir por las buenas o las malas", expresó Ybarra. En el lugar ya habían sido levantadas unas casas prefabricadas, pero fueron destruidas por los efectivos policiales.
La dramática situación se desenlaza hace 7 meses ya que aún no encuentran una respuesta favorable. La mayor preocupación de las mamás que habitan el espacio, tiene que ver con la seguridad de los tres menores de edad que viven allí, pues relataron que sufrieron robos de sus pertenencias.
Una de las damnificadas es María del Milagro Ybarra, quien tiene hijas de 4 y 2 años. Contó que la llegada a la terminal se dio con la promesa de Domínguez, quien dijo que ayudaría a buscar un nuevo lugar donde pudieran instalar su casa. Sin embargo, el último contacto que Ybarra tuvo con el jefe comunal fue hace unas semanas, cuando el funcionario le dijo que buscara un terreno y le avisara su costo para ver si podían comprarlo.
La mujer logró ubicar un terreno con el valor de 180 mil pesos, se lo informó a Domínguez, pero la respuesta obtenida fue que iba a tener que esperar porque el municipio no tenía recursos económicos para solventar ese gasto, aunque también le aseguró que ya había notificado la situación a organismos provinciales como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Después de ello, no volvió a establecer contacto. En un momento una asistente social recolectó información pero tampoco regresó.
"Mi hija empezó a ir a la escuela y no tengo ni la posibilidad de darle la lista de útiles, además que no puedo dejar a mi otra hija sola para llevarla a la escuela porque de por sí, el lugar es inseguro", narró la mujer a Salta/12.
Incluso hace un mes se desarrolló un corte de ruta a la entrada de Pichanal por un reclamo de viviendas. El intendente creyó que eran las familias que habitan la terminal y se contactó con ellas. "Le dije que no éramos nosotros, que quienes estaban sí pedían tierras, pero que no éramos nosotros", precisó. Acto seguido, Domínguez volvió a reafirmar el compromiso pues manifestó que le preocupaba la seguridad de las niñas.
Te puede interesar
Lo más visto
