"Néstor y Cristina instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias"

El fiscal Diego Luciani sostuvo este lunes que hay una "enorme prueba relevante" para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".

Luciani comenzó pasadas las 8.30 su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

Estas fueron las frases más fuertes del alegato del fiscal Luciani.

“Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares".
"Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado".
"Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal, pero valiéndose de sus competencias, prestaron los aportes necesarios”.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país".
"Cuando digo extraordinarias, no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”.
Lázaro Báez “de un día para el otro se convirtió en empresario de construcción. De un día para el otro pasó de ser empleado de banco a ser empresario de la construcción (...). De un día para el otro, el Estado, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, le confió el 78,4% de la obra vial de Santa Cruz”.
Austral Construcciones “fue una cáscara vacía que les permitió durante 12 años extirpar fondos del Estado”.
“24 obras de las 51 adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas”.
“En 39 casos, Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”.
“El trabajo de la UIF fue temerario. No valoraron la prueba y la escasa prueba que valoraron, la tergiversaron. Debió explicar por lo menos mínimamente por qué descartó la cuantiosa prueba”.
“A pesar de que se quiera negar esta relación, José López (ex secretario de Obras Públicas) transcurrió su carrera en Santa Cruz al lado de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner”.
El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de "Austral Construcciones"; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.

También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.