El juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, decretó el viernes pasado la apertura a juicio del caso seguido contra cuatro jóvenes imputados por el delito de secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas.
El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, y su auxiliar fiscal, Facundo Mirabella, ratificaron la imputación penal y respondieron a varios cuestionamientos y planteos, entre ellos el pedido de sobreseimiento de uno de los acusados. Esto último fue denegado.
Se determinó que los acusados, Franco Jerónimo, Héctor Mario Campos, Héctor Joaquín Emanuel Rodríguez y Ezequiel Maximiliano Toledo, sigan con prisión preventiva efectiva hasta el juicio.
A la imputación principal, se suma el pedido de que Héctor Campos y Toledo también respondan por el delito de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real. Respecto a la estimación de penas, la fiscalía mantuvo el pedido provisorio, el cual oscila entre 12 y 17 años de prisión.
La querella, por su parte, adhirió a la imputación penal impulsada por la fiscalía y solicitó la pena de 17 años de prisión para todos los acusados. Desde el lado civil se planteó una demanda de cinco millones de pesos en carácter de resarcimiento por daño moral, psicológico y psiquiátrico, que también fue admitida.
El fiscal repasó el secuestro de Víctor Giménez, presidente del directorio de la empresa de transporte El Cóndor SA, ocurrido el 30 de noviembre del año pasado, cuando se dirigía a las instalaciones de la empresa, en la avenida Ragone, en la zona este de la ciudad.
A tan solo algunos metros, Héctor Campos y Toledo simularon un control policial en la calle de acceso, lo que obligó al empresario a detenerse. Con la ayuda de Rodríguez, quien vigilaba el trayecto de la víctima desde otro sector, los acusados pudieron reducir a Giménez, a quien mantuvieron cautivo en la pieza de una vivienda del barrio Los Paraísos, en la misma zona. Ese lugar había sido rentado un día antes por los hermanos Campos.
La fiscalía agregó que, desde allí, los acusados solicitaron a media mañana el rescate del empresario, por cuya vida pedían 50 millones de pesos, cifra que redujeron luego a 5 millones. Previo a ello, habían intentado transferir dinero desde el teléfono celular de Giménez, pero al manipularlo se bloqueó y la maniobra se frustró.
En otro intento de beneficiarse, Héctor Campos se presentó en una concesionaria local para vender la camioneta del empresario, marca Mercedes Benz, operación que se volvió a frustrar debido al uso de documentos falsos por parte del acusado, quien se retiró con el rodado.
Al caer la tarde, el mismo día del secuestro, Rodríguez y Franco Campos, a cargo del cobro del rescate, fueron detenidos en un auto, mientras los otros dos acusados circulaban por los alrededores en la camioneta del empresario con la víctima.
Al ser detectados, narró el fiscal, la policía procedió a la persecución de la camioneta por varios minutos hasta ingresar al barrio San Calixto, también de la zona. En ese lugar, la policía le dio alcance e intentó detenerlos, pero Héctor Campos, quien iba al volante, siguió con la fuga.
Explicó que, más adelante, Toledo se lanzó de la camioneta y siguió la fuga a pie, en tanto que Campos terminó estrellándose contra la pared lateral de una casa, tras lo cual también escapó. Giménez, quien quedó en el rodado maniatado, fue rescatado y asistido debido a lesiones que sufrió por el choque. Posteriormente, Campos y Toledo, quienes ya habían sido identificados, fueron detenidos.
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