Obra pública: Cristina Fernández de Kirchner cara a cara con el tribunal

Nacional 29 de noviembre de 2022
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El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, comenzó la semana pasada a escuchar las últimas palabras, de los 13 imputados en el juicio por el presunto direccionamiento de obra pública, a las empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez. Causa que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las audiencias continúan desarrollándose de forma virtual y se espera que así sea hasta el día del veredicto.

Ya hicieron uso de su derecho a hablarle al tribunal, el empresario Lázaro Báez; el exfuncionario de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016, Mauricio Collareda; el exresponsable del distrito 23, Raúl Daruich Daruich; el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

Este martes 29 de noviembre, será el turno de Cristina Fernández de Kirchner, que si hace uso de su derecho, será la tercera vez que se dirija al Tribunal. La primera vez que habló fue durante su indagatoria en diciembre de 2019, cuando lo hizo en duros términos contra los jueces a quienes les manifestó que “su condena ya estaba escrita”. A la vez que sostuvo que “ya me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.

La segunda vez, fue este año cuando durante los alegatos actuó como abogada en causa propia. Fue el 23 de septiembre y lo primero que manifestó fue que sino hubiera sido abogada hubiese estado en “estado de indefensión”.

Luego, sostuvo que en la acusación de los fiscales es en un “claro caso de prevaricato porque no solo los jueces deben buscar la verdad. Por eso pido extracción de todos y cada uno de los hechos confrontados. Quedó demostrado que el fiscal Luciani y Mola mintieron en el alegato fiscal”. Así dejó de manifiesto que quiere que los investiguen por su accionar.

La vicepresidenta dijo también que la acusación de Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución Nacional, al asegurar que la gente elige los Gobiernos. “Los tres Gobiernos, el que encabezó Néstor y los que me tocó a mi, no podemos ser una asociación ilícita”. Además chicaneó al fiscal del que sostuvo que poco sabe de derecho administrativo.

Para mostrar su ajenidad a los hechos, se comparó con lo ocurrido durante el Gobierno de De La Rúa donde el 19 y 20 de diciembre de 2001, durante los incidentes frente a la casa Rosada, en Plaza de Mayo, donde varias personas perdieron la vida y otros resultaron heridos. Sobre este tema también escribió ayer y lo subió a las redes.

En ese contexto, refirió que el expresidente fue sobreseído en todas las instancias por los homicidios, ya que en la cadena de responsabilidades a él no le cabía.

Entre otras cosas, finalmente asoció el intento de homicidio en su contra con el clima que generó el fiscal con su alegato según manifestó ante el Tribunal.

Recordemos que para la vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

En tanto, están convocados también para este martes: Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz; Carlos Santiago Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; y José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación.

Para López los fiscales pidieron 10 años, en tanto para Héctor René Jesús Garro -expresidente de la AGVP- la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, al tiempo que requirió que cumpla con el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Finalmente, se propició la absolución del exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, respecto del delito de asociación ilícita por el que llegó imputado a juicio, y pidieron su condena a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, como autor del delito de abuso de poder.

Al igual que en el caso de Garro, solicitaron que se le imponga el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal por el término de la condena.

Una vez concluida esta jornada, los jueces darán a conocer la próxima fecha para que los últimos imputados puedan decir sus últimas palabras y se conocerá entonces cuando será el veredicto de este juicio que lleva 3 años y medio. Se espera que sea en la primera quincena de diciembre. 

Lo que se debate en el juicio
Según el requerimiento fiscal que se leyó durante varias jornadas cuando inició el juicio el 21 de mayo de 2019, “la maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

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