Desbaratan banda acusada del contrabando de granos, operaban entre Salta y Tucumán

En el marco de una compleja investigación llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, ayer se realizaron 8 allanamientos en distintos domicilios ubicados en Salvador Mazza y la provincia de Tucumán, lo que dejó como saldo la detención de tres personas, el secuestro de más de mil toneladas de granos, como así también vehículos, maquinaria agrícola y elevadas de sumas de dinero, entre pesos argentinos, bolivianos y dólares.

Los procedimientos, requeridos por el fiscal Marcos Romero -a cargo del caso- y autorizados por la jueza federal de Garantías Ivanna Hernández, se extendieron a seis inmuebles ubicados en Salvador Mazza, entre casas y fincas, y dos depósitos situados en Tucumán, donde se incautó una máquina quebradora de granos, como así también importante documentación y otros elementos de interés para avanzar con la investigación.

Bajo la coordinación del auxiliar fiscal Rafael Lamas, personal de distintos áreas y divisiones de Gendarmería Nacional, tanto con asiento en Tartagal, como en Jujuy y Tucumán, al igual que la Dirección de Aduanas de Orán, tuvieron a cargo las distintas diligencias, solicitadas tras un año de pesquisas que la sede fiscal lleva adelante por hechos vinculados al encubrimiento de contrabando, delito establecido en la ley 22.415.

Como resultado de los procedimientos realizados en Salvador Mazza, es que se obtuvo el secuestro de 1.080 toneladas de granos, entre maíz, soja y trigo. Por otra parte, se logró incautar una suma de 57 mil dólares, 1.600.000 pesos argentinos y 4.280, bolivianos.

A ello, se suman una gran cantidad de teléfonos celulares, diversos dispositivos de almacenamiento informático, máquinas contadoras de billetes, una camioneta y cuatro camiones con cargas de granos, a lo que se suman gran cantidad de documentación vinculada al caso.

Según la hipótesis de la fiscalía, los tres detenidos, aunque no se descarta que haya otros implicados, operaban a partir de cartas de porte adulteradas o iniciadas a nombre de empresas que la sede fiscal llevó adelante tareas de campo e inteligencias que permitieron identificar a los presuntos responsables, como así también el secuestro de los granos y otros elementos que prueban el accionar ilícito.