La única detenida por el robo de la beba en Tartagal recibió la prisión domiciliaria

Desde el viernes, Andrea Roxana Pérez, la joven wichi detenida por el robo de una bebé recién nacida originaria, que el pasado 14 de julio fue sustraída de la sala de maternidad del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, se encuentra con sus hijos de 2, 4 y 8 años.

La decisión fue tomada por el juez de Garantías Héctor Mariscal Astigueta, en respuesta a un pedido de la defensoras oficiales Lorena Babicz y Natalia Pagani, quienes plantearon que se le permitiera a Pérez cumplir la prisión preventiva en su casa, atendiendo a que tiene residencia en Tartagal y no es presumible que huya, que no podría entorpecer la investigación y, particularmente, su condición de madre de niños pequeños.

Precisamente, entre muchos pedidos que había elevado la familia de la joven, venían insistiendo en la necesidad de que pudiera estar con sus hijos de 2, 4 y 8 años, informó Página 12.

Del otro lado, los integrantes de la Unidad Fiscal a cargo de la causa, conformada por Rafael Medina, Pablo Cabot y  Lorena Martínez, habían solicitado la continuidad de la prisión preventiva.

Los fiscales y la fiscala afirman que las imágenes captadas por distintas cámaras el 14 de julio pasado a partir de las 7, el día en que fue sustraída la niña del Hospital, son pruebas suficientes para identificar a Pérez como la autora del delito.

Beba robada: “Mi hija no es la del video sino una criolla de piel blanca”

La beba fue sacada de la sala de pediatría del Hospital tartagalense a las 7 de la mañana del 14 de julio, por alguien que aprovechó que su padre y su madre la habían dejado sola por un momento. Ni bien se denunció el hecho, se montó un operativo para tratar de dar con la nena, que finalmente fue encontrada la madrugada del día siguiente, había sido abandonada en un descampado de la misma ciudad de Tartagal.

Andrea Pérez, la joven madre wichí a quien la fiscalía señala como responsable de esta sustracción, fue detenida ese mismo 15 de julio. En el proceso penal, en el que se han incorporado las grabaciones de cámaras de seguridad, se viene cuestionando, incluso lo hizo el Comité provincial contra la Tortura, la falta de una persona traductora del wichí  para que la joven acusada pudiera entender acabadamente el proceso en su contra.