Alberto Fernández ya inició el trámite de su jubilación como ex presidente: cobraría unos 7 millones de pesos

Alberto Fernández tiene decidido regresar al país antes de fin de mes y también cobrar la pensión honorífica que le corresponde como expresidente de la Nación. Se trata de un beneficio cercano a los 7 millones de pesos por mes y para ello habría iniciado un trámite en la Anses que se encontraría en proceso de liquidación.

Si bien en el organismo nacional se negaron a confirmar el dato, un exfuncionario que supo trabajar codo a codo con el exmandatario deslizó que "entiendo que ya inició" el trámite y que "en marzo Alberto estará acá de regreso". Es que a poco de finalizar su mandato, Fernández viajó a España con la intención de explorar la posibilidad de radicarse por un tiempo en el país ibérico y dar clases en distintas universidades.

El problema radica en que para cobrar la pensión vitalicia que autoriza la ley 24.018 a expresidentes y exvicepresidentes, el actual titular del PJ debería regresar a la Argentina: "es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país", reza el artículo 5 de la citada normativa. "No vive en Argentina, no le corresponde", advierte, en este sentido, la diputada Graciela Ocaña, que estima en "alrededor de 7 millones de pesos" este beneficio.

En el entorno del exmandatario, en cambio, señalan que "le corresponde la pensión y la va a tramitar" y que tiene previsto regresar a la Argentina en el transcurso de este mes. "No se va a radicar en España", insiste un estrecho colaborador de Alberto a Clarín. Sí es probable que durante el año mantenga agenda en ambos países porque su mujer, Fabiola Yánez, permanecerá en la península por "cuestiones personales".

 Por una cuestión de salud, la exprimera dama no participó de la audiencia que el Papa le brindó a Fernández el 16 de enero, y por eso él arribó a El Vaticano sólo acompañado por su pequeño hijo Francisco.

En este contexto, la denominada Ley Bases plantea la eliminación de las pensiones comprendidas por la ley 24.018. Si bien fue aprobada a nivel general en Diputados, este martes se debatirá artículo por artículo en el recinto pero difícilmente quede en el camino el que suprime este tipo de jubilación de privilegio. Sin embargo, aun si se aprobara ese cambio no se aplicaría respecto de Alberto Fernández, en caso de que prosperara el trámite del exmandatario en el organismo conducido por el cordobés Osvaldo Giordano.

Objeciones a la "honorabilidad" del ex presidente

Empero, hay dirigentes de la oposición que están abocados a que Fernández no pueda cobrar una pensión graciable. El 23 de noviembre, la diputada Marcela Campagnoli (JxC), le solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que evalúe si le correspondería el cobro de este ingreso, aduciendo una serie de hechos que comprometerían su "honorabilidad", uno de los requisitos del beneficio.

Según la diputada, Fernández habría incumplido los deberes de funcionario público porque durante su mandato no dejó su cargo como docente universitario al tiempo que mencionó los escándalos que lo involucraron como la “fiesta de Olivos” durante la cuarentena y el denominado “Vacunatorio VIP”. A su entender, estos hechos expondrían una clara “violación de la ley de Ética Pública sobre deberes y pautas de comportamiento ético”.

La diputada también acusó al expresidente por “inobservancia de la Constitución Nacional en cuanto a la designación de magistrados del Poder Judicial” y por la “delegación de facultades de presidente a un ministro”, en alusión al inusual protagonismo que en 2023 cobró el exministro de Economía, Sergio Massa, que decantó en su candidatura presidencial.
También mencionó como hechos reprochables que Yáñez haya supuestamente utilizado la Fundación del Banco de la Nación Argentina para “promoción de su empresa personal”, en alusión a la firma “Vive y Sueña”.
 
"Lo que queremos es declarar su no honorabilidad. Pero la Procuraduría adujo que no le correspondía tramitar este expediente y que debería hacerlo la Anses", indicó Campagnoli a este diario.
Cerca del primer mandatario, en tanto, justifican el posible cobro del beneficio y que necesita este ingreso para poder "pagar las cuentas". Destacan, en este sentido, que se retiró de la función pública sin causas judiciales de corrupción en su contra.

Por Tabatha Barrera Carlini y Emiliano Russo / Clarín