En el ex Ministerio de la Mujer descubren gastos millonarios, sin rendición, sin sentido y alta corrupción

A tres meses de haber asumido el poder, Javier Milei y sus ministros apuran los relevamientos, auditorías, sumarios y denuncias penales sobre el estado en que encontraron al Estado, área por área.

Una de las dependencias ya eliminada pero aún bajo una profunda investigación, es el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que funciona en la órbita del Ministerio de Capital Humano, los auditores encontraron irregularidades que podrían terminar en los juzgados de Comodoro Py. Transferencias y subsidios por más de 10 mil millones de pesos por año que fueron destinadas asociaciones, bibliotecas, municipalidades, cooperativas, y personas físicas, y que la resolución que justificaba la erogación del Estado se armaba 18 meses después. Es decir, eran diseñadas para darle un marco al dinero que ya había sido otorgado. 

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Por ejemplo, se marcaron honorarios por casi dos millones de pesos para dar dos charlas sobre “perspectiva de género en la producción estadística provincial”. O para la organización de partidos de fútbol femenino. También está bajo análisis los más de 100 millones de pesos que en 2023 se destinó al Programa Generar, para “fortalecer la institucionalidad de género y diversidad en las provincias y los municipios de nuestro país”. Allí los beneficiarios eran las comunas que generaban las actividades. Pero faltan documentos que avalen que la actividad se desarrolló.

También se evalúan transferencias de fondos desde el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a asociaciones civiles que funcionan bajo la tutela de organizaciones civiles piqueteras y otras enroladas en la Unión Trabajadores de Economía Popular (UTEP) sin una debida justificación.

Bajo la lupa de los investigadores de la ministra Sandra Pettovello, hay subsidios y transferencias que fueron cursadas desde el programa “Acompañar”. En el organismo ya existían denuncias “por supuestas irregularidades en el otorgamiento de beneficios destinado a personas que han sufrido violencia de género y que se solventa con fondos del gobierno nacional”. Al parecer se otorgaban transferencias millonarias a municipios para ayudar a mujeres víctimas de violencia machista pero que habrían terminado en bolsillos de punteros políticos o personas que nada tenían que ver con el destino original de los fondos que había otorgado las ex ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina.

No sólo indigna la cantidad de millones de pesos gastados
sin rendiciones sin avales, sino que los resultados
desde su creación fueron nulos, es decir fue
una enorme pérdida de dinero sin resultados. 

La auxiliar fiscal María del Carmen Núñez, informó que las medidas en curso, algunas de ellas concretadas ayer al mediodía, tienen como objetivo “reunir evidencias que permitan establecer la posible responsabilidad de funcionarios u otros agentes en la entrega de dichos beneficios”.

Toda esta documentación, o la falta de ella está en estudio. Una vez concluido se resolverá si hay irregularidades que configuren un delito penal.

A cargo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el gobierno nombró a Claudia Barcia, quien aún se desempeña como fiscal Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la resolución firmada por Pettovello el cargo que desempeña la fiscal, es “ad honorem”.