Cuando convocó largamente al Pacto de Mayo, en la Asamblea Legislativa, Javier Milei enumeró uno por uno los puntos de acuerdo que propondría al arco político, pero no especificó en ningún momento quiénes serían los destinatarios de la invitación. Al contrario, se refirió de manera generalizada a “gobernadores, ex presidentes y líderes de partidos”, sin aludir a otro condicionamiento que la aprobación de la Ley Bases. Sin embargo, a un mes de la cita, importantes referentes del círculo del Presidente dijeron, con todas las letras, que para ser invitados los opositores deberán cumplir con un requisito indispensable: dar previo apoyo a la Ley Bases.
“No todos van a estar invitados”, dijo un importante funcionario cuando terminaba la semana hábil, en la previa del duro discurso de Cristina Kirchner en Quilmes contra Milei, y después de que Axel Kicillof y toda la primera plana opositora, incluidos algunos aliados, participaran o apoyaran la marcha universitaria en su contra. Más tarde, un alto asesor del Jefe de Estado fue más directo: “Van a estar invitados aquellos gobernadores cuyas provincias apoyen la ley Bases”, dijo, pero aclaró que “siempre fue así”.
En Balcarce 50 consideraron “lógica” la distinción. “No iban a venir de todas formas, no tiene sentido”, dijeron, en referencia a los líderes que, a pesar de las disidencias internas, se muestran alineados con la posición dura de la ex mandataria. En parte, los libertarios no quieren prestarse a dejar la pelota del lado de la oposición más crítica y que se repitan las escenas de titubeos sobre la asistencia que se vieron durante las convocatorias a las cumbres en la Casa Rosada con los 24 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, especialmente de parte de Kicillof.
El Gobierno acaba de conseguir dictamen para el paquete de leyes que pregona como fundamental de la “nueva etapa de libertad” del país, y dará inicio al debate en el recinto a partir del lunes. Si no hay sorpresas, en la Cámara baja parecen tener los números asegurados para la votación que, prevén, se ejecutaría recién el martes, después de una sesión maratónica. Pero temen quedarse cortos en el Senado, donde el grupo de “los 39″ que logró reunir Victoria Villarruel con las fuerzas no kirchneristas en el verano está endeble.
A sabiendas de que la injerencia de los gobernadores en el Senado es más directa que en Diputados, en la sede nacional creen que puede seducirlos con un reconocimiento a futuro en caso de que cooperen, y castigarlos si se rebelan. Miran especialmente los jefes de fuerzas provinciales, claves de la votación. Calculan que, al dejarlos afuera, los enfrentarían al riesgo de quedar ubicados, ante la opinión pública, en la misma “bolsa” del kirchnerismo, que ya avisó que no levantará la mano. Una nueva aplicación de la vieja lógica amigo-enemigo adaptada a las categorías de “la casta” y “los argentinos de bien” que los libertarios usan para presionar desde el discurso.
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