Luciano Cruz tenía solo 19 años el 24 de febrero de 2020. Había vuelto de trabajar y se acercó a un grupo de jóvenes del barrio Norte Grande, cuando intervino la División de Seguridad Urbana. El subayudante Rómulo Segovia le disparó 17 perdigones, de los cuales impactaron 16, provocándole la pérdida del ojo derecho y la afectación del izquierdo, dejándolo ciego en un 90%.
Las juezas Mónica Faber y Gabriela Romero Nayar y el juez Marcelo Rubio consideraron que este policía, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita actuaron en cumplimiento del deber. Otro de los implicados era el cabo Alfonso Néstor Sánchez, quien no llegó a juicio porque se suicidó.
El fallo está siendo cuestionado como injusto y sospechado de parcialidades. Estos tres policías estaban imputados en otras 5 causas de violencia policial y resultaron absueltos también, pese a lo evidente de una práctica sistemática.
"Obviamente, vamos a interponer un recurso de casación para intentar revertir este fallo que nos parece totalmente injusto, fue sorpresivo, la verdad es que esperábamos otro resultado. El Tribunal entendió que no correspondía que se haga justicia en este caso por Luciano y, como ya sabemos, absolvió lisa y llanamente a los 3 imputados, que también estaban imputados por otras 5 causas similares de las que fueron absueltos", dijo a abogada querellante Andrea Medina.
La abogada también cuestionó el rechazo del Tribunal a la demanda civil, con la que se buscaba una indemnización para el joven, "para que pueda sobrellevar la vida que cambió tan rotundamente". En su caso pidió 4 años de prisión para Segovia y 3 años de prisión condicional para los otros dos.
"Los absolvieron porque dicen que estuvieron en cumplimiento del deber de funcionario público. O sea, ellos argumentaron que lo hicieron por defensa propia, que corría riesgo su vida, denunciaron que los vecinos les tiraron con piedras y palos. No fue así. En el video de la cámara (del móvil policial) se ve que nadie les pegó pedradas ni nada de eso (antes), cuando les tiran piedras es cuando me disparan a mí", dijo Luciano Cruz a Salta/12. "Ellos no declararon nada, mantuvieron el silencio durante todo el juicio", contó.
El joven indicó que en el video no se ve cuando le disparan, pero se observa el momento previo, cuando los policías bajan del móvil, "cuando Rómulo Segovia me apunta con la escopeta, yo estaba con mis amigos".
La madre de Luciano, Carina, advirtió que se perdieron las evidencias de que Luciano había estado trabajando en un lavadero toda la noche, hasta cerca del mediodía. Recordó que en un primer momento intervino el fiscal Gustavo Vilar Rey, que después fue sumariado y apartado de la Fiscalía de Derechos Humanos, cuestionado por favorecer a policías denunciados y archivar causas, en vez de investigar y perseguir los delitos relacionados con la violencia policial.
"Cuando fui a pedirle al dueño del lavadero si podía ir a declarar, dijo que sí. Me dijo filmá los videos (de las cámaras que tenía en su trabajo) porque si se los llegan a llevar (para la investigación fiscal) van a desaparecer", recordó Carina. Indicó que ella conserva esas grabaciones que hizo con su celular, pero no le permitieron añadir a la causa. Para ella es de relevancia porque las defensas de los policías dijeron que el joven había estado toda la noche en la vereda con el grupo de amigos consumiendo bebidas alcohólicas y lo acusaron de tirarles piedras en ese estado, algo que desmiente. "Son todas mentiras", afirmó la mamá.
En el juicio intervino la fiscala Claudia Geria, quien solicitó tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para Segovia, absolución por el principio de la duda para uno de los acusados y absolución lisa y llana para el otro. "Nos dijo que había muchas cosas que se hicieron fuera de término o que no se hicieron porque no estuvo en las investigaciones, porque si hubiera estado desde el primer momento no habrían sido liberados los policías. Ella trató de ver por el daño que le hicieron a Luciano. Ella ya sabía que los jueces no le iban a dar condena, que capaz no iba a haber condena por el equipo de abogados que tenían", relató Carina.
"El policía está para que nos cuide, no para que nos mate. Estoy bastante decepcionada y mal porque pensé que iba a haber justicia (...) . Se vuelven a poner el uniforme, a usar sus armas", cuestionó Carina.
La letrada señaló "Es injusto que una persona tan joven tenga una vida totalmente cambiada, que no pueda trabajar, realizarse como persona y que no esté ayudada".
Además, la abogada consideró que "lamentablemente el mensaje que nos deja este fallo es que nadie puede sentarse con unos amigos al mediodía porque si no van y te sacan un ojo, o una cosa así".
Como si fuera poco, la policía siguió amedrentando a Luciano después de que le dispararan. "Le dispararon con perdigones que están fuera de la casa de Luciano, con pintura también, fue acusado de robo por otros policías, estuvo detenido por esa causa que sigue, por falsa denuncia del personal policial. Lamentablemente, fue hostigado, perseguido", dijo Medina.
Varios antecedentes
Antes de dispararle a Luciano Cruz, el 13 de febrero de 2020, los mismos policías dispararon contra una familia y provocaron lesiones a un niño de 9 años de edad y a su hermano. Al momento de la imputación, la fiscala Verónica Simesen de Bielke ya había advertido que "para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido".
Además Simesen de Bielke imputó en octubre de 2020 a los mismos policías Segovia y Toledo y también al cabo Víctor Cruz por vejaciones calificadas con allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica contra otro joven. Estos hechos se remitían al 9 de enero de 2020, "cometieron un exceso de sus funciones al arremeter contra la integridad física del denunciante y víctima, a quien le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo que serían por impacto de proyectil de posta de goma". En esa oportunidad, la fiscala indicó que los acusó por ingresar al domicilio del damnificado sin orden judicial y de armarle una causa penal para avalar una detención ilegal.
En noviembre de 2020 la fiscala imputó de nuevo a Segovia, Toledo y Zurita por haberle disparado en enero a un adolescente de 15 años de edad.
Ese mismo año, el 29 de julio de 2020, otros policías de la división 6 le dispararon con una escopeta al soldado miembro voluntario del Ejército Argentino, Néstor Ávalos, de 25 años de edad, en ese momento y lo dejaron sin el ojo izquierdo. Esto ocurrió cuando el joven, después de haber estado conversando con Luciano Cruz, en la vereda del barrio Norte Grande, fue hasta la despensa a comprar y los disparos fueron efectuados por los efectivos desde dentro del móvil. En ese caso hubo condenas.
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