Prisión preventiva a un empleado del Poder Judicial, tras ser descubierto transportando droga
Justicia31/03/2025
Un empleado del Poder Judicial de Salta, identificado como Daniel Aponte, fue imputado y se le dictó prisión preventiva por su presunta participación en el transporte de más de 20 kilos de marihuana, hecho descubierto el 21 de diciembre de 2024 en Joaquín V. González, oculta en una camioneta de su propiedad.
¿Cuáles son los detalles? La investigación comenzó a fines del año pasado cuando Ángel Guido Luna, el primer implicado, fue detenido en un control de Gendarmería Nacional en la ruta provincial 5, a la altura de J. V. González. Luna conducía una camioneta Kia Sorento, propiedad de la empresa "Aponte S.R.L.", de la cual Aponte es dueño junto a un familiar. Al revisar el vehículo, los gendarmes encontraron 23 kilos con 704 gramos de marihuana ocultos en diversas partes de la cabina.
Durante el interrogatorio, Luna declaró que provenía de Pichanal y se dirigía a Rosario de la Frontera. Su teléfono celular fue secuestrado y de su análisis surgieron evidencias que involucraban a Darío Antonio Peralta, quien fue detenido el 25 de febrero de 2025. Las comunicaciones revelaron que Luna y Peralta habían viajado juntos al norte de la provincia para adquirir la droga.
El 18 de marzo de 2025, la investigación apuntó a Aponte: Un allanamiento en su domicilio en Rosario de la Frontera, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, permitió recolectar pruebas que lo vinculaban con el transporte de la droga. La fiscal Paula Gallo explicó que Aponte fue detenido debido a varias evidencias que lo relacionaban con el transporte de droga que llevaba adelante Luna.
Entre las pruebas, se encontraron comunicaciones entre Aponte y Luna, en las que el empleado judicial preguntaba sobre el avance del viaje y el resultado del tráfico, utilizando un lenguaje encriptado. Además, se constató que Aponte había realizado varias llamadas a Luna, e incluso a un abogado que luego asumió la defensa del transportista.
Ahora, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Aponte, argumentando la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Destacó la cantidad de droga incautada y el daño que podría haber causado a la salud pública. Además, señaló que la condición de funcionario público de Aponte podría agravar su situación.
Finalmente, el juez Julio Bavio dictó la prisión preventiva de Aponte por 45 días, considerando que las evidencias presentadas por la fiscalía eran suficientes para presumir su participación en el delito. El juez destacó las comunicaciones entre Aponte y Luna, y descartó la versión del empleado judicial sobre la supuesta venta de la camioneta.
Aponte declaró ser inocente. La fiscalía rebatió sus argumentos, señalando inconsistencias en su versión y la existencia de pruebas.
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