La semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni anunció las investigaciones en la entrega de las pensiones por invalidez. Allí se anunció que hubo desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
El trabajo de auditoría, encabezado por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios.
El fiscal de la causa en Chaco, es el Dr. Carlos Amad, allí en el pueblo de Taco Pozo el 10% de quienes viven allí cobran una pensión por invalidez. En total son 13 las personas imputadas a las cuales se les está tomando declaración indagatoria.
Para el acceso a la pensión se necesitaba un certificado médico por lo que están involucrados diferentes profesionales de la salud. Entre ellos están: Marcela Patricia Peralta, médica y actual directora del “Hospital Rural Santa Rosa de Lima; Marcos Gustavo Rojas es médico, y hasta 2019 director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima. firmaba Certificados Médicos Oficiales (CMO) para la tramitación de Pensiones por Discapacidad (PNC); Miguel Ángel Bilinski, Director del Hospital Santa Rosa de Lima. Extendía certificados médicos por incapacidad; y Rafael Lenin Azañero Anaya, médico especialista en Traumatología, quien extendía certificados médicos por incapacidad.
Rafael Lenin Azañero Anaya es el que llama la atención para la provincia de Salta. El profesional de la salud emitía los certificados desde la localidad de Joaquín V. González para beneficiar a los ciudadanos de la vecina provincia de Chaco. Desde la localidad salteña hasta Taco Pozo hay más de 110 kilómetros.
Según pudo saber InformateSalta, el médico continúa residiendo allí y aparentemente habría emitido certificados médicos no solo a Chaco, sino a otras provincias por lo que está siendo investigado. Además, se están cruzando datos con el Gobierno Nacional para saber en dónde más habría otorgado certificados.
Rafael Lenin Azañero Anaya se desempeñó como entre 2011 y 2019 como personal médico en Hospital “Dr. Oscar H. Costas” de Joaquín V. González. Lugar al que llegó temporalmente después de la licencia por cargo político que se le otorgo Alejandra Navarro, actual senadora por ese departamento.
Azañero Anaya ya no forma parte del sistema de salud de la provincia de Salta, ya que presentó su renuncia en el año 2019. Su renuncia tiene una nota especial ya que se negó a presentar su certificado psico-físico.
Esta no es la primera vez que el profesional de la salud se enfrenta a la justicia ya que en el año 2012, fue denunciado por el delito de lesiones gravísimas en perjuicio del joven Nelson Orellana, causa por la cual se le embargaron los bienes.
En ese momento, Orellana, se vio perjudicado por una aparente mala praxis a cargo del profesional después de haber sufrido una fractura y no haberse aplicado el correcto tratamiento según detallaron desde el Servicio Médico del Ministerio Público.
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