Renovación del PRS bajo fuego judicial y con el futuro en suspenso

Política24/07/2025
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La elección para la renovación de autoridades del Partido Renovador de Salta (PRS), fundamental para que la fuerza mantenga su reconocimiento en el distrito electoral, quedó judicializada a solo cuatro días del acto electoral previsto para el domingo 27 de julio. Esta situación genera una fuerte incertidumbre en el seno partidario y en la opinión pública.

La Junta Electoral partidaria proclamó oficialmente a la lista Movimiento de Identidad Renovadora, que promueve al exintendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, como la única que cumplía con los requisitos para competir. Sin embargo, esta decisión fue apelada por el sector que impulsa al intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, quien participa con la lista Renovadores Unidos.

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Ante el reclamo presentado por el sector de Lara Gros, la justicia federal electoral resolvió dejar sin efecto la Resolución N° 13 de la Junta Electoral y ordenó dictar una nueva resolución que contemple toda la documentación presentada, además de readecuar el cronograma del proceso electoral respecto a las etapas pendientes.

Desde Renovadores Unidos, según El Tribuno, denunciaron que la Junta Electoral “no hizo lugar” a la orden judicial y mostró “una clara parcialidad en beneficio de la lista oficialista”, al mismo tiempo que denunciaron “irregularidades” y una intención de “evitar que se celebren las elecciones en la fecha establecida”.

El apoderado de Lara Gros enfatizó en el incumplimiento de los plazos legales para la publicación de resoluciones, señalando que la Junta Electoral dictó sus actos en días que no coinciden con las fechas oficiales y sin respetar los horarios y formas establecidas en el reglamento. Además, alertó que las actuales autoridades partidarias tienen sus mandatos vencidos desde abril pasado, prorrogados de manera extraordinaria.

Esta situación ha llevado a que el proceso electoral del PRS se encuentre en un “cono de sombras”, con la definición del conflicto en manos de la justicia federal electoral, que deberá resolver en los próximos días para que las elecciones internas puedan desarrollarse con transparencia y legitimidad.

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