



En un juicio abreviado, condenaron a Pablo Federico Anze a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones vinculadas con la administración de fondos y atención al público en la administración pública, y al pago de $1.300.000 al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) en concepto de resarcimiento económico.
El acuerdo fue homologado por la jueza tras la denuncia de 42 hechos de fraude y 10 hechos de falsificación.
Anze solicitaba a los afiliados que entregaran sumas de dinero en efectivo, asegurando que él mismo se encargaría de ingresarlas en el sistema contable, a pesar de que tales pagos solo debían ser realizados en la caja del organismo. Las pericias demostraron que el dinero no ingresó lo que derivó en un perjuicio económico para la obra social.
En octubre del año 2020, le había exigido 2.000 dólares a una afiliada en concepto de coseguro para el uso del avión sanitario provincial, entregándole una factura apócrifa, a pesar de que tal pago no era requerido por el organismo.
Por último, se comprobó que el acusado confeccionó una factura falsa y adulteró nueve comprobantes de pago, lo que configuró un total de diez hechos de falsificación de instrumento público.









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