La Emergencia en Seguridad incluye el uso de fuerza contra aeronaves no identificadas

El Poder Ejecutivo nacional declaró este martes la emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina, por el plazo de un año, con el pretexto de revertir la “situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico; en una resolución que incluye derribo de aviones sospechosos.

La medida, que se conoció durante la víspera también puede ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que establece el decreto, "va en sintonía con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves", indicó un comunicado distribuido en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno.

La medida anunciada contempla el refuerzo de los controles en el espacio aéreo para combatir el narcotráfico, para lo cual se permite "hacer uso de la fuerza (como último recurso)" contra aeronaves no identificadas. Por añadidura, resuelve autorizar al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que "no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias".

En un nuevo DNU para la polémica, se habilitó, sin pasar por el Congreso, la "adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia". El jurista Roberto Carlés, resumió que “derribo por decreto es pena de muerte por decreto”. 

Por otro lado, el especialista en Derecho reiteró que “las Fuerzas Armadas NO PUEDEN intervenir en cuestiones de seguridad interior”, dijo al citar la Ley 23.554.

Mientras, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sintetiizó que  “en un mes "Cambiemos" pisoteó su relato republicanista y de respeto al otro, con un aluvión de DNU, represiones y persecución ideológica”.