Fertilización: Godoy advirtió por el fundamentalismo religioso del Senado

Así calificó el presidente de la Cámara Baja Provincial Manuel Santiago Godoy en El Acople la decisión del Senado de la Provincia, que en 2014 introdujo cambios al proyecto original de Diputados y que se resiste a aprobar la iniciativa como fue elaborada en la Cámara Baja, en consonancia con la Ley Nacional.

Política 25/05/2016

El Senado cuestiona el manejo de gametos y entiendo que es muy fundamentalista, porque cuando la discusión se basa en el resguardo de los gametos…evidentemente es porque interviene el fundamentalismo” precisó Godoy, quien es uno de los autores del proyecto, al explicar que el Senado tiene un criterio diferente, a pesar de que la Ley de Fertilización Asistida ya rige a nivel nacional.

“Todos los científicos hablan de tres opciones en la Reproducción Asistida, y el Senado pide una sola, cuando en definitiva el IPS podría ahorrar en otras cosas”, cuestionó Godoy. También recordó que a través de acciones de amparo “la obra social provincial termina cubriendo igual los tratamientos”.

En otro sentido, consideró que se ha magnificado la polémica en torno al tema de la fertilización asistida, porque “no son tantos los casos”.

El lobby de los tratamientos privados

En 2014, el Senado provincial aprobó con modificaciones la Ley de Reproducción Asistida y devolvió a Diputados el proyecto original. Las modificaciones restringieron y limitaron el acceso al derecho de cobertura médica a las parejas que los diputados habían aprobado.

El proyecto original contempla, de acuerdo con la ley nacional sancionada en junio de 2013, el derecho universal de toda pareja, cualquiera sea su condición social, a acceder a las técnicas de reproducción humana asistida. Para ello establece que los efectores públicos dependientes del Ministerio de Salud y los prestadores del IPS deben garantizar el tratamiento. Es decir que, como manda la ley nacional, los hospitales públicos deben realizar el tratamiento de aquellas personas que lo soliciten y, en caso que corresponda, el IPS debe cubrir la prestación médica.

El Senado, sin embargo, introdujo modificaciones que restringen y limitan el acceso al derecho de cobertura médica. “La mayor limitación tiene que ver con la cantidad de intentos de fertilización por año”, dijo Godoy, cuando el proyecto de Diputados obliga al Estado a garantizar cuatro prácticas para la fertilización de baja complejidad y tres para la de alta complejidad. En 2014, el Senado redujo ese derecho a una y sólo una intervención al año.

Los impulsores de la ley sospecharon que la restricción obedece al lobby de las empresas de medicina prepaga y a la falta de interés y voluntad política por parte de las autoridades del IPS, la obra social estatal.

El fundamentalismo y la moral

Otros cambios al proyecto inicial fueron de carácter moral. “Ahora, solo pueden fertilizarse los óvulos destinados a la implantación y no pueden ser más de tres por intento” denunció la senadora Gabriela Cerrano y explicó que “la cantidad de intentos y los tiempos entre cada uno, los impone la aceptación de cada mujer al embrión hasta que finalmente éste se fija y desarrolla”. “En la práctica no deben ponerse restricciones si efectivamente se quiere proteger el derecho de la mujer infértil a embarazarse”, sentenció la legisladora del Partido Obrero que, al igual que las parejas que reclaman la ley, reclamó que estas decisiones queden a criterio de los pacientes y los médicos.

En el mismo sentido, la creación de una Comisión de Bioética abocada al seguimiento de los avances científicos en la materia e integrada por profesionales de la medicina prevista por Diputados fue modificada para incorporar profesionales de especialidades no médicas. Al respecto, los impulsores de la ley creen que el objetivo de este cambio es establecer a partir de criterios morales y no médicos las técnicas y procedimientos a aplicar y determinar los recursos necesarios.

El proyecto de ley de Fertilización Asistida volvió a Diputados, donde se insistió con la sanción original. Volvió a ser sancionada y en la Cámara Alta, finalmente caducó en marzo pasado.

Fuente: El Acople Informativo

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