Una investigación iniciada en febrero vincula al acusado con maniobras ilegales en la comercialización de 140 toneladas de soja provenientes de Santiago del Estero.
El Juzgado Federal de Garantías de Orán, formalizó la imputación contra un hombre por contrabando de exportación de granos, agravado por el número de intervinientes.
El pasado 6 de agosto la fiscalía obtuvo la prisión preventiva del acusado, un comisionista de la ciudad de Tartagal, quien por el momento decidió no prestar declaración.
Según explicó la auxiliar fiscal las actuaciones preliminares surgen de un informen de la AFIP, dónde se detectó que entre el 17 y el 18 de febrero se registraron 117 permisos de transporte de granos, 103 fueron anulados por advertirse ciertas irregularidades.
Al revisar los documentos, se consignaron distintos datos, como el origen, destino de la carga y patentes de los camiones utilizados para el transporte.
Teniendo esto en cuenta y con la colaboración de la Gendarmería Nacional, se ubicó los vehículos en el paraje El Algarrobal, a 21 kilómetros de Bolivia.
La fiscalía solicitó al juez federal de Garantías de Tartagal, Carlos Frugoni, el allanamiento del inmueble, donde se encontraron los cuatro camiones con una carga de 30 toneladas de soja cada uno.
A esto, se sumaron otras 20 toneladas que se encontraron en la propiedad, llegando así al total de 140 toneladas. Durante los procedimientos tanto el propietario del inmueble como los camioneros identificaron al acusado como la persona que los contrató.
La fiscalía imputó al detenido por el delito de tentativa de contrabando de exportación, en calidad de partícipe necesario, agravado por la participación de tres personas. Teniendo esto en cuenta se solicitó la prisión preventiva fundada en el riesgo de fuga, la naturaleza del hecho, el peligro de entorpecimiento de las tareas investigativas aún pendientes y en la expectativa de pena, la cual excede holgadamente la prisión en suspenso.
La defensa no objetó la acusación, aunque si solicitó que la medida se aplique mediante arresto domiciliario por razones de salud.
El juez Moya, formalizó la imputación y dio lugar a la prisión preventiva.
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