La insólita "condena" que deberá pagar un abogado acusado de pagar coimas a jueces

El Tribunal Federal Oral de Salta N° 1 aceptó un pedido de suspensión a prueba al Orfeo Maggio, acusado del delito de defraudación por supuesta remuneración a jueces y otros empleados públicos. 

La investigación a Maggio se inició a principios del año 2017, luego de que el juez federal Nº 1 de esta ciudad, Julio Leonardo Bavio, lo denunciara por haber solicitado importantes sumas de dinero a clientes para pagar supuestas coimas a jueces y otros funcionarios y así lograr liberarlos. El procesamiento del ex juez y abogado Orfeo Maggio, tuvo lugar en 2018.

En una nueva instancia, y luego de verificarse que el pedido reunía los requisitos legales procesales de admisibilidad, se propuso que se suspenda el proceso a prueba por el término de un año bajo el cumplimiento de condiciones y reglas de conducta. 

Ratifican el procesamiento al abogado que pedía sumas extras por excarcelaciones

Entre las condiciones que establecieron los jueces federales está las de fijar residencia en Salta Capital y resarcir los supuestos daños ocasionados con su proceder. El abogado deberá realizar donaciones mensuales de paquetes de pañales al Centro de Salud 49 de barrio Parque General Belgrano de la ciudad de Salta, por la suma de $2000 mensuales por el término de un año.

Además, se obliga al abogado a brindar clases de derecho en el Instituto de Derecho Penal, dependiente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, con una carga horaria de tres horas semanales. Como corolario Maggio aceptó realizar una única entrega por la suma de $200.000 al Hospital Papa Francisco de esta Ciudad. 

Se determinó también que el abogado quedará a cargo del Patronato de Presos y Liberados, o de las fuerzas que así determine ese Tribunal: cualquier incumplimiento injustificado conllevará a la revocación del beneficio. 

El beneficio acordado también obliga al abogado Maggio a resarcir a la víctima, es decir la persona que abonó el dinero que supuestamente iba a remunerar a ciertos funcionarios públicos, cosa que se probó es de falsedad absoluta. De esa manera, el beneficiado del acuerdo debe abonar la suma de $150 mil pesos a la víctima, en concepto de resarcimiento, a pesar de que la misma en un momento del acuerdo hizo conocer que había pagado un total de 8.300 dólares.