El asesinato de Rubén Fortuny fue declarado como una grave violación a los derechos humanos

El asesinato de Rubén Antonio Fortuny ocurrió el 23 de noviembre de 1973 en la vereda de un hotel ubicado frente a la plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad de Salta. A Emilio Pavichevich, ex policía provincial, se le adjudicó el hecho en carácter de autor material y fue condenado a tres años de prisión en 1978. Falleció luego el 17 de septiembre de 1988.

Ahora, como consecuencia de un nuevo planteo impulsado por el fiscal general Carlos Martín Amad, la jueza federal N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró que el crimen constituye una grave violación a los derechos humanos.

La jueza ratificó que se encuentra vigente la acción penal del caso, la cual ya había sido declarada el 17 de marzo de 2017 por el exjuez federal Miguel Medina, de ese mismo juzgado, a instancia de un pedido del fiscal general Eduardo Villalba.

La nueva resolución que declara el caso como una grave violación a los derechos humanos fue dictada el miércoles pasado en respuesta a un pedido formulado el 1° de septiembre pasado por el fiscal general Carlos Martín Amad, quien se encuentra a cargo del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta.

En aquella presentación, el representante del MPF había requerido que “se tengan por acreditados los hechos de los que fue víctima Fortuny, sin perjuicio de la imposibilidad material de persecución penal, atento al Derecho a la Verdad que asiste a las víctimas”.

En su planteo, y a modo de contexto, el fiscal Amad había mencionado que la muerte de Fortuny tuvo lugar días después de su renuncia como jefe de la Policía de la provincia, en el marco de una campaña de persecución política y fuertes presiones por parte de otros jefes de la cúpula policial.

Para la fiscalía, con posterioridad al crimen se desplegaron “un conjunto de maniobras dirigidas a lograr la impunidad del homicida, en la que tomaron intervención grupos paraestatales organizados, y disidentes al gobierno de Miguel Ragone, los que actuaron al amparo de las estructuras estatales que controlaban”.

"Puede concluirse que Fortuny fue un hombre muy cercano a Ragone, quien se propuso un desmantelamiento del aparato represivo de la policía provincial y que esto valió una animosidad muy enérgica por parte de los grupos duros de policías, formados para el accionar represivo, afines a los opositores al gobierno del ex gobernador”, sostuvo el fiscal Amad.

 

Argumentos

En su resolución, la jueza reconoció un “vasto análisis probatorio” realizado por la fiscalía en torno a tres aspectos fundamentales: la actividad política de Fortuny, su gestión al frente de la Policía de la Provincia de Salta y la persecución que sufrió en razón de esa actividad; el asesinato en sí mismo; los sucesos posteriores.

Al referirse a la trayectoria política de la víctima, la jueza se remontó a 1958, cuando Fortuny había resultado electo vicegobernador de la provincia de Salta como compañero de fórmula de Ragone. El mandato no pudo concretarse porque habían sido anuladas las elecciones en razón de la proscripción al peronismo.

La jueza reseñó que Rubén Fortuny (hijo menor de la víctima) había recordado reuniones entre su padre y Ragone, que se hacían en casa de su familia, en las que generalmente conversaban ellos dos solos, a la vez que especificó que su padre y el exgobernador habían tenido una relación de amistad.

Añadió que es público que durante el gobierno de Ragone, entre los años 1973 y 1974, el mandatario mantuvo un enfrentamiento público con la cúpula policial en razón de que bajo la gestión de Fortuny se había desbaratado la denominada “banda de los comisarios”, conformada por la cúpula policial, a la que se le adjudicaban numerosos hechos de tortura a perseguidos políticos.