Una denuncia anónima, clave en la desarticulación de una banda de dealers en B° Grand Bourg

La jueza de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la formalización de investigación penal requerida contra siete personas detenidas el 6 de diciembre pasado, a instancia de la imputación formulada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.

Los imputados son Santiago Gabriel Portella, Ricardo Ismael Arnedo, Gastón Hernán Alvarado Quispe, Sergio Facundo Juárez, José Alberto Gutiérrez, Mariano José Peñalba y Claudio Hernán Delgado, a quienes el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos acusó del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado.

Las actuaciones en torno a este caso fueron iniciadas por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Salta (UFINAR), del Ministerio Público provincial, y con intervención del Juzgado de Garantías N°6 del fuero ordinario, que posteriormente declinó la competencia en virtud de la magnitud de la droga que fue secuestrada y el despliegue delictivo de los acusados. La jurisdicción fue aceptada por la Unidad Fiscal Salta en la audiencia de excepción respectiva.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Salta, Ignacio Irigoyen, explicó que las detenciones se produjeron a raíz de un llamado anónimo recibido por la Policía de Salta, a través del cual se denunció la venta de droga desde un automóvil color gris, estacionado en la avenida Di Pascuo y la calle Portaaviones, en el barrio Grand Bourg, al oeste de la ciudad.

Explicó que, como consecuencia de la denuncia, la policía se dirigió al lugar y constató la existencia del auto gris, marca Peugeot 206, y verificó movimientos de pasamano, propio de la venta de droga al menudeo, por lo que procedieron a identificar a los ocupantes: Peñalba, Arnedo y Portella.

Añadió que, con el control judicial del caso, la policía halló en el piso del rodado varios envoltorios de sustancia vegetal, una balanza gramera, una mochila con otro envoltorio de droga y la suma de 260.500 pesos en la gaveta del auto, por lo que se procedió a la detención de los acusados.

En tal sentido, el funcionario indicó que se logró verificar que la droga era marihuana en un peso de 450 gramos y que se trataba de una pequeña parte del total de la droga que tenían en su poder, pues Peñalba reconoció la existencia del estupefaciente en el departamento de su madre, en el barrio Docente, en la zona sureste de la capital provincial.

En un departamento

El auxiliar fiscal relató que, en su aporte, Peñalba sostuvo que necesitaba sacar la droga de ese inmueble, ya que su madre estaba por llegar a la vivienda y quería evitar inconvenientes, razón por la cual se implantó una consigna en el lugar, donde luego apareció la mujer, dueña del departamento.

Añadió que la madre del imputado desconocía la existencia de la droga, pero autorizó el ingreso de los policías, y que en esa instancia los efectivos encontraron al resto de los imputados: Alvarado Quispe, Gutiérrez, Delgado y Juárez. Sostuvo que ante la presencia policial, este último se quiso dar a la fuga y se arrojó del balcón, pero que al caer fue reducido. Como consecuencia de su intento de fuga, resultó con lesiones leves.

Irigoyen repasó que, al requisar el inmueble, se secuestraron varios teléfonos celulares, una suma de 1.939.000 pesos, de los cuales 70 mil estaban en poder de Juárez, mientras que el resto estaba en un bolso. Explicó que todo fue secuestrado, al igual que un automóvil Volkswagen Polo, los papeles de dos motocicletas, dos plantines de marihuana y un bolso con 15 kilos y 860 gramos de esa misma sustancia.

En función de estos elementos de prueba, el auxiliar fiscal requirió primero que se declare la legalidad de la detención de los siete acusados, más allá de que tal medida ya fue ejecutada en la justicia provincial, pues al pasar a la órbita federal se debe cumplir con tal requisito.

Formalizó la imputación, solicitó un plazo de investigación de setenta días y la autorización correspondiente, tanto para el peritaje de la droga, como de los teléfonos secuestrados y, por último, solicitó que se levante el secreto bancario y bursátil de los imputados.

En tanto, requirió la prisión preventiva de todos los acusados, lo cual fundó en los indicadores legales del caso, como la gravedad y naturaleza del hecho, los riesgos de fuga y entorpecimiento, el daño en abstracto a la salud pública, la cantidad de droga y el despliegue de los integrantes de la organización, cuyos roles y vínculos son ahora motivo de una pesquisa más profunda.

A su turno, solo Gutiérrez y Portella pidieron declarar, oportunidad en la que buscaron atenuar su conducta con coartadas poco creíbles, como la dada por el primero de ellos, al reconocer que fue a comprar droga justo en el momento del allanamiento, mientras que el otro acusado dijo que acompañaba a los otros imputados porque le dijeron que iban a comprar un repuesto de moto.

Si bien sus defensas, como las del resto, también se pronunciaron contra el pedido de prisión preventiva, la fiscalía rebatió los argumentos. La posición fue finalmente adoptada por la jueza, quien sumó otros fundamentos, como la obligación del Estado Nacional de investigar estos hechos hasta las últimas consecuencias, en función de los compromisos asumidos mediante tratados internacionales. La magistrada dictó la prisión preventiva y autorizó todas las diligencias requeridas por la fiscalía.