Romero pretende suspender el proceso electoral con planteos descabellados

En su parte sustancial el escrito del ex gobernador pide que se declaren como inconstitucionales las decisiones, omisiones y silencios del Tribunal Electoral.

Romero pide tres cosas: la inconstitucionalidad de la auditoría sobre el código fuente de la boleta electrónica ya realizada, la inconstitucionalidad de las decisiones, omisiones y silencios ante las peticiones del frente y las instrucciones contenidas en el manual con el que fueron capacitadas las autoridades de mesa.

El escrito, que dicen no se elaboró en Salta, busca poner en jaque el proceso electoral y evitar entonces lo que pareciera la derrota de la fórmula del senador nacional y el hijo del sojero más importante de la Provincia y socio también de Romero.

Es que resulta obvio que si se declarara inconstitucional el manual con el que se formó a las autoridades de mesa, entonces no habría tiempo material para capacitar a más de cinco mil docentes nuevamente. Igualmente si se declarara inconstitucional lo dicho, lo no dicho y las supuestas omisiones ante presentaciones de Romero, esto equivaldría a lo mismo e igualmente el proceso electoral quedaría herido y con dudas sobre la realización de la elección. Del mismo modo si se declarara inconstitucional la auditoría que se realizó la semana anterior, entonces debería convocarse a una nueva, pero en los términos que quiere Romero.

Y si esto último ocurriera no se podrían grabar aún los DVD a distribuir en las mesas (más de cinco mil en total), tampoco se los podría desplazar a tiempo.

El recurso de inconstitucionalidad de Romero llega a invocar la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que a más de uno arrancará una sonrisa, pero así es.

Fuentes judiciales coinciden que Romero presentó el recurso para que se lo rechacen. Y ofrendar entonces su derrota como una lucha por la causa.

El escrito de Romero pretende incluso que se le de participación en el manejo del cómputo provisorio en las últimas horas del domingo, un recuento que desde hace mucho se sabe que no genera efectos legales pero sobre el cual pretende tener contralor para obstaculizar el flujo de datos y evitar que la derrota se conozca el mismo día, sino que sea el producto del escrutinio definitivo, días después de la elección.

Sostiene Romero en su escrito querer auditar los votos que son llevados al ciberespacio desde cada escuela para llegar a los servidores instalados en el Tribunal Electoral. Romero quiere controlar ese proceso. Esto es algo así como convertirse en un byte, navegar en el ciberespacio y auditar lo que ocurre allí y controlar que los números que salgan sean los suyos y no los de su oponente eventual.

Además insiste en la vulnerabilidad del código fuente de las máquinas, lo que resulta una suerte de amenaza latente si se tiene en cuenta que el frente de Romero y Olmedo contrató especialmente a la consultora KPMG cuya central está en Suiza, el mismo lugar donde el secreto bancario beneficia a los millonarios como Romero.

Los antecedentes de la firma estrella que asesorará a Romero en su cruzada contra el voto electrónico, no son del todo limpios. En Estados Unidos, KPMG LLP fue acusada por el Departamento de Justicia de fraude en la comercialización de los “refugios fiscales abusivos”. Y tuvo que desembolsar 456 millones de dólares en multas. Más cerca en el tiempo, la misma consultora fue investigada por ignorar el pago de coimas a la alemana Siemens (hecho reconocido en 2008) y que provocó que el millonario contrato de KPMG pasara a Ernst y Young. 

Fuente: Nuevo Diario de Salta