En Salta suspendieron 173 pensiones por irregularidades
El Gobierno Nacional no dejó ni dejará de otorgar pensiones por invalidez, sino que genera altas y bajas del sistema todos los meses, en base a ciertos requisitos que se deben cumplir. En el caso de Salta, todas las pensiones que se suspendieron son todas por discapacidad no contributivas.
Los motivos de baja son: por patrimonio incompatible; por amparo familiar (es decir que la pareja tiene ingresos superiores a 3 salarios mínimos vital y móvil) y por invalidez no justificada, quiere decir que su porcentaje de incapacidad no llega al 76%, que es lo que exige la Ley Nacional de Pensiones Asistenciales.
Estas 173 corresponden al período que va desde octubre de 2016 hasta mayo de 2017, pero es algo que se hace de manera permanente.
Desde el organismo nacional se aclaró que los afectados tienen un plazo máximo de tres meses para revertir la suspensión a través de documentación respaldatoria, según pudo conocer InformateSalta.
Cumplir la Ley
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales. Hay cuatro tipos de pensiones:
1) a las personas incapacitadas en forma total y permanente,
2) a las madres de siete o más hijos,
3) la pensión a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor, y
4) las “pensiones graciables” que entregó el Congreso.
Estas cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez. Todos los años, desde que existe el sistema, se dan de baja miles de pensiones, cuando sus beneficiarios dejan de cumplir con los requisitos establecidos por ley.
En 2015, por ejemplo, fueron dadas de baja 168.500 pensiones.
En 2016 se dieron de baja muchas menos, alrededor de 90.000.
La reglamentación que establece estos criterios rige desde 1997 y no se ha modificado. Las bajas efectuadas se deben exclusivamente a incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan de acuerdo a los criterios que establece la ley.
Durante los últimos años se desvirtuaron los requisitos de otorgamiento de pensiones. Entre 2003 y 2015 la cantidad de pensionados se multiplicó por cinco, de 300.000 a casi un millón y medio.