Facturas apócrifas: La causa Arcadio divide no sólo a la justicia

Tras el primer cimbronazo, el 14 de enero pasado, cuando se hicieron los primeros procedimientos en torno a este caso, en el Centro Cívico Municipal quedó latente la idea de que una causa penal por hechos de corrupción podría afectar determinadas cuestiones electorales e incluso generar fuertes desencuentros o acuerdos de neto tinte político.

Sin embargo, a esa altura, los implicados ya conocían parte del iceberg y actuaron en consecuencia. Entre ellos, el ex secretario de Hacienda de la Municipalidad, Pablo Gauffin, renunció a su cargo y se alejó de la función pública. Trató de justificar su decisión en aspectos personales, pero era imposible no relacionar su salida con la entonces segura sospecha de que sería uno de los imputados en la causa.

El 13 de mayo pasado, cuando fue detenido Matías Huergo, la réplica de aquel primer movimiento no sólo confirmó las sospechas en torno a Gauffin, sino que dejó al descubierto una organización en apariencia delictiva, y con maniobras que nada tendría que envidiarle a la que encabeza la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La detención del empresario, socio de Secsa SA y presidente de Arcadio SA, las empresas contratistas relacionadas con las maniobras de corrupción, fue un golpe aún más duro que el anterior, aunque no sería el último, pues en InformateSalta pudimos conocer que habría más cartas en juego todavía.

Junto a Huergo, como se sabe, el juez federal 1, julio Bavio, dio a conocer la lista de otros empresarios, contadores y ex funcionarios implicados en lo que denominó una “asociación ilícita” conformada para evadir el fisco.

Entre ellos, figuran: Rubén Gerardo Romero; Aníbal Anaquín, apoderado del PJ y ex Procurador General de la Municipalidad; Arturo Mimessi, Francisco Guzmán Garrido, Matías Esliman, Camila Muñoz, Sebastián Héctor Silva, Agustina Medrano De La Serna, Sebastian Gomeza, ex ministro de Hacienda de la Provincia, y ahora integrante del directorio de Aguas del Norte y como lo mencionamos, Pablo Gauffin, ex secretario de Hacienda de la Municipalidad.

Filtraciones

Este colectivo de nombres, con sus respectivas posiciones en la función pública y en la actividad privada, obligó a ciertos sectores de la política local a cerrar filas de inmediato, aunque algunas fuentes judiciales indicaron a este medio que la detención de Huergo no era ya un secreto.

“Un importante funcionario municipal se reunió un día antes de la detención en un café céntrico con otro colega de segunda línea, cuyo nombre iba a aparecer en la resolución del juez Bavio. En ese encuentro, de trastienda, el primero informó sobre el procedimiento del día siguiente y sobre los nombres que iban a salir a luz”, contó una fuente del CCM a este medio.

La reunión, casualmente, tenía como objetivo preparar a los funcionarios cuyos nombres aún no aparecen para afrontar estos vaivenes, sin embargo, uno de ellos, a los días siguientes y ante la fuerte repercusión del caso, según agregó la fuente, no supo digerir el bocado y quedó atragantado, tanto que amenazó con soltar todo lo que tenía guardado.

Esto, según se cuenta, cayó como un infarto en algunos, por lo que hubo que reiterar algunos encuentros y brindar mayor seguridad de la que ya se había dada hasta ese momento. Fue entonces que se decidió cerrar filas y todos apuntaron al principal acusado, y único detenido, como el responsable de todo.

Libreto a seguir

En sus visitas al despacho del juez Bavio, los co imputados siguieron el libreto y cargaron tintas en torno a Huergo, a quien describieron como un empresario inestable, medio loco y para ello no dudaron en utilizar todo lo que estaba al alcance. Uno de ellos, puso como ejemplo el hecho de que el empresario, al regresar de su luna de miel, le ordenó iniciar el proceso de divorcio.

En síntesis, todos buscan que el hilo se corte por lo más delgado, siendo Huergo el lado más fino. Esta estrategia, según trascendió, tendría cierto aval de un lado de la justicia, la que se encargó con un inusitado empeño en dar a conocer la resolución de detención e imputación de los empresarios, contadores y ex funcionarios implicados.

Pues para los más entendidos, lo mejor de dicho escrito no estaba solamente en los nombres y la calificación penal que se dieron a conocer, sino en la divulgación de la prueba, algo que llamó mucho la atención, pues es casi infrecuente que se dé a conocer tantos detalles en los albores de una investigación.

Los que supieron leer corrieron de inmediato a terminar de eliminar el resto de pruebas que podrían haberse reunido. Otros, en tanto, respiraron más aliviados al saber que el agua no les llegaría al cuello, aunque no todo está cerrado ya, pues en el medio todavía hay un fiscal que parece decidido a no rendirse.

La apelación, casi inmediata del fiscal federal, Ricardo Toranzos, era algo que se esperaba. Desde un inicio, previo a los allanamientos en las oficinas de la municipalidad el 14 de enero pasado, no se advirtió una buena combinación entre estos dos resortes de la justicia federal.

Tampoco la hubo hace una semana, pues la detención de Huergo y las inmediatas declaraciones indagatorias, se ordenaron y se hicieron luego de que los dos fiscales federales, Toranzos y Eduardo Villalba, partieron al sur del país. Ninguno de los dos sabía que esas medidas se iban a realizar, caso contrario el más interesado de ellos se habría quedado.

El apuro, según se conoció, fue para evitar que estos representantes del Ministerio Público de la Nación convencieran a algunos de los implicados a convertirse en un “arrepentido”, algo que nadie quiere en estos momentos y que hubiese cambiado de manera contundente el rumbo del proceso penal.