Donaciones retenidas en Tartagal: Ordenan detener a la defensora oficial Díaz

Siguen las novedades en torno a lo ocurrido en febrero pasado cuando se desataba un escándalo en Tartagal, a raíz de una denuncia a una concejal y a su hermana, la Defensora Oficial, por retener donaciones destinadas para familias wichí.

En ese sentido y según la información que comparte el sitio Fiscales Penales, el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, hizo lugar al pedido del fiscal penal 1 del mismo Distrito, Pablo Cabot, de detención de la defensora oficial Rosa Fabiola Díaz, pero que antes de hacerla efectiva, se inicie y solicite el allanamiento de su inmunidad ante el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento. 

En su resolución, el juez Aramayo consideró acreditado el peligro de entorpecimiento, de acuerdo a los argumentos del fiscal y coincidió en lo sostenido por Cabot, quien expresó que la Defensora Oficial Civil del Distrito Judicial Tartagal puede hacer valer las relaciones de amistad o interés surgidas a partir del cargo que desempeña, con la finalidad de obtener favores personales por parte de otro y en consecuencia, entorpecer la investigación, sea telefónica o personalmente.  

Vale mencionar que oportunamente, un funcionario de la Defensoría reveló durante su declaración testimonial que la defensora le pidió extraer documentación de la oficina, cuando la investigación sobre su accionar ya estaba en marcha. La funcionaria ya se encontraba suspendida en sus funciones, en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por la Defensoría General de la Provincia.

Sobre este punto, cabe recordar que Díaz fue imputada por el fiscal Cabot por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora. Esto, a partir de la intervención de la Fiscalía Penal Nº 1, originadas en las actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia de Salta, atribuyéndole a Díaz la presunta comisión de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. De allí surgió la reiteración de situaciones penalmente relevantes, cuando se advirtió una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio o de un sensible abandono e inacción que se tradujo en una ausencia de respuesta a sus asistidos.