Estafa en la Caja de Abogados: rechazan pedido de preventiva y fijan caución por $43 millones
En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, rechazó el pedido de prisión preventiva para un hombre de 60 años, acusado del delito de administración fraudulenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados.
En la oportunidad, la defensa planteó problemas de salud de parte del detenido, y que no existe peligro de fuga. Esta cuestión fue rebatida por ambas querellas, y por el fiscal actuante quienes platearon la impertinencia de la libertad.
Sin embargo, el juez resolvió hacer lugar a una prisión domiciliaria, bajo un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin. Además fijó la prohibición de salir del país, la retención de documentos de viaje, y la prohibición de contacto del imputado con las personas que integran la Caja y que puedan ser peritos o testigos.
Al respecto, Eduardo Romani, tesorero de la Caja, en diálogo con "Informate en la Noche", aclaró que el fallo establece que se mantiene la prisión pero con modalidad domicilaria, siempre y cuando, ofrezca una caución por el 100% de los recibos anulados, que asciende a 43 millones de pesos, sin importar si el procedimiento fue correcto o no". "No es el total del robo, sino el total de los recibos anulados", dijo.
En vista de ello, subrayó que hasta tanto no cumpla con esta medida, el acusado continuará detenido en la Alcaidía.
A su vez, manifestó que la querella representada por el Dr. Rodrigo Anachuri presentará en las próximas horas la apelación del cambio de modalidad de las prisiones. "Nosotros consideramos que se puede llegar a entorpecer el trámite de la justicia, porque el acusado podría eventualmente hacer algún movimiento de plata", dijo.
Los hechos
La denuncia fue radicada por La Caja de Abogados de Salta. Mientras controlaban aportes adeudados generados en procesos judiciales advirtió una irregularidad registrada en el cobro de un expediente, consistente en el pago y la anulación del recibo respectivo.
Esto llevó a realizar un relevamiento de los distintos cierres de caja correspondientes a los recibos de esta gestión, por lo cual se advirtió una posible maniobra fraudulenta de desvíos de fondos. De la denuncia surge que el acusado habría recibido el dinero en efectivo, el que ingresó en la institución para luego ser anulado su ingreso a caja.